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El organismo regulador nuclear no da tregua y aprueba una batería de permisos individuales, licencias de operación y, lo más resonante, un presupuesto monumental para 2026, con tasas que impactarán a gigantes como Nucleoeléctrica y CNEA. ¿Quién pagará la cuenta de la seguridad atómica?
La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) ha puesto en marcha un paquete de resoluciones que delinean tanto el control minucioso de la actividad atómica como el ambicioso plan financiero para el próximo año. Estas medidas, si bien son de carácter técnico, tienen un impacto directo en la operación y los costos del sector nuclear argentino.
Las Resoluciones 630/2025 y 631/2025 son la base de la seguridad radiológica en el país. La primera otorga Permisos Individuales para el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes en aplicaciones médicas. Esto significa que profesionales de la salud en hospitales y clínicas que utilizan equipos de diagnóstico y tratamiento nuclear (como resonancias magnéticas o radioterapia) han sido evaluados y aprobados por la ARN, garantizando que poseen la formación y capacitación necesarias. La segunda, por su parte, concede Licencias de Operación para instalaciones que también realizan aplicaciones médicas, asegurando que tanto el personal como la infraestructura cumplan con los más altos estándares de seguridad. Estas aprobaciones son esenciales para la continuidad de servicios médicos de alta complejidad y la protección de la población.
Pero el plato fuerte es la Resolución 636/2025, donde la ARN aprueba su Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Estimación de Recursos para el Ejercicio 2026. ¡Y las cifras son estruendosas! Se propone un monto global de tasa regulatoria de $20.572.635.754 que deberá ser abonado por los actores de la actividad nuclear para financiar la fiscalización del organismo. Esto se traduce en:**
Implicaciones: Estos montos millonarios reflejan el costo de mantener una actividad nuclear segura y controlada en Argentina. Para las empresas involucradas, principalmente estatales, representa un aumento significativo en los costos operativos, que eventualmente podrían repercutir en el precio de la energía o en la asignación de recursos para otros proyectos. La ARN argumenta que es crucial para garantizar la seguridad radiológica y física, pero el desafío será demostrar la eficiencia y la transparencia en la administración de estos fondos para justificar una carga tan pesada para el sector.
