Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
En medio de un discurso de achicamiento del Estado, el Ministerio de Capital Humano prorroga designaciones transitorias de personal en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en su propia Unidad de Auditoría Interna. ¿Se estanca la prometida reducción del gasto público o es una jugada estratégica?
Con bombos y platillos, el Ministerio de Capital Humano ha vuelto a ser protagonista en el Boletín Oficial, pero esta vez por una serie de resoluciones que generan más de una ceja levantada. Se trata de las prórrogas de designaciones transitorias de funcionarios en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (Resolución 17/26) y en la Unidad de Auditoría Interna del propio Ministerio (Resolución 18/26).
En un contexto donde la bandera del Gobierno es la reducción del gasto público y la eficiencia estatal, estas medidas parecen ir a contramano. Las designaciones, que ya eran temporales, se extienden por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles más, con la justificación de que "no habiéndose aún efectuado la correspondiente convocatoria al proceso de selección" y que "los funcionarios continúan prestando servicios".
La Resolución 18/26 prorroga específicamente a la abogada Nadia Soledad RIVAS (D.N.I. N° 30.449.789) en el cargo de Auditora Interna Adjunta Sustantiva. Por su parte, la Resolución 17/26 se refiere a un anexo que detalla a múltiples agentes del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Lo más llamativo es que se autoriza el pago de Suplementos por Función Ejecutiva y se efectúan estas prórrogas con una "autorización excepcional por no reunir dichos agentes los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SINEP". ¡Una verdadera bomba!
"Estas prórrogas, aunque rutinarias en la administración pública, chocan con el espíritu de achicamiento y meritocracia que se pregona. Extender cargos sin concurso y con excepciones a los requisitos es un punto débil para el discurso oficial", señalan voces críticas.
La medida obliga a cubrir los cargos de forma definitiva en un plazo de 180 días hábiles, pero la realidad indica que estas "transitoriedades" suelen extenderse indefinidamente. Esto genera incertidumbre sobre la estabilidad del personal y pone en tela de juicio la transparencia en la selección de funcionarios, afectando la moral y la eficiencia del empleo público. El gasto, por supuesto, se imputa a las partidas presupuestarias del Ministerio de Capital Humano para el ejercicio 2026.
