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El Organismo Provincial de Contrataciones ajusta los precios de un contrato millonario con GRUPO SALA S.A. para la provisión de colchonería y blanquería, con aumentos y rechazos que generan ruido en el marco de la inflación.
En un escenario de constante inflación, el Organismo Provincial de Contrataciones (OPCGP) ha puesto bajo la lupa el millonario contrato de ADQUISICIÓN INSTITUCIONAL DE COLCHONERÍA Y BLANQUERÍA PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES con la empresa GRUPO SALA S.A. La Resolución N° 55-OPCGP-2026 aprueba una revisión de precios para varios renglones, pero no sin controversia, ya que algunos ítems fueron rechazados por no cumplir con los umbrales de variación.
El contrato, gestionado bajo el sistema Provincia de Buenos Aires Compras (PBAC) y conocido como Convenio Marco 614-21-CM25, implica la provisión de insumos esenciales para diversas instituciones públicas. La metodología para esta revisión se basa en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), aplicando variaciones para "Productos Textiles" y "Muebles y colchones".
La revisión habilitó ajustes para ciertos renglones donde las variaciones de precios superaron el 5% establecido por la normativa (artículo 7° apartado g) inciso 1° del Anexo I del Decreto N° 59/19). Sin embargo, los renglones 4, 5 y 9 fueron desestimados por no alcanzar ese mínimo, lo que deja a GRUPO SALA S.A. sin el aumento esperado para esos ítems específicos.
'Atento que las variaciones mencionadas superan el 5% requerido por la normativa, corresponde habilitar la instancia de revisión de precios', fundamenta la resolución, dejando en claro el marco regulatorio.
Esta medida, aunque técnica, es un reflejo de la volátil economía argentina, donde los contratos públicos deben ser constantemente ajustados para mantener la provisión de bienes. Para el público, implica que el gasto estatal en insumos básicos está en constante renegociación, impactando en el presupuesto provincial. La transparencia en estos procesos y la justificación de los índices utilizados son cruciales para evitar suspicacias y asegurar el buen uso de los fondos públicos.
9 de febrero de 2026
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