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La Inspección General de Justicia lanza un proceso de "Elaboración Participativa de Normas" para desregular y simplificar trámites, invitando a todos a opinar sobre la burocracia que asfixia a sociedades y profesionales.
En un movimiento audaz y largamente esperado, la Inspección General de Justicia (IGJ) ha decidido poner bajo la lupa su propia normativa. Con la Resolución General 2/2026, el organismo que regula a las sociedades en Argentina convoca a la ciudadanía y al sector empresarial a participar en un inédito proceso de "Elaboración Participativa de Normas". El objetivo es claro: desregular, simplificar procedimientos y reducir las cargas burocráticas que, según el propio organismo, constituyen "obstáculos innecesarios para el desarrollo de la actividad empresarial."
Esta iniciativa se enmarca en la tan mentada "reforma del Estado y desregulación económica" impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. La IGJ busca eliminar resoluciones "obsoletas, redundantes o que excedan el marco legal", adaptando el sistema a "estándares modernos para un registro abierto y transparente, centrado en el ciudadano". En la mira está, entre otras, la Resolución General IGJ N°15/2024, que generó amplio debate en su momento.
La participación ciudadana se realizará a través del sitio web oficial del organismo (https://www.argentina.gob.ar/justicia/igj/consulta-publica), donde se publicará la normativa vigente y los proyectos de nuevas normas. Los interesados podrán ingresar sus opiniones y propuestas, aunque la resolución aclara que estas tendrán carácter no vinculante. Sin embargo, la IGJ asegura que serán consideradas en la elaboración final, lo que, al menos en el papel, mejora la legitimidad y la calidad técnica de las futuras regulaciones.
Para las empresas, profesionales y contadores, esta es una oportunidad de oro para alzar la voz contra trámites engorrosos y costos de cumplimiento excesivos. La reducción de la burocracia podría significar un alivio económico y una mayor agilidad para la constitución y el funcionamiento de las sociedades. La medida designa a María Emilia Ferraro para dirigir este proceso, lo que subraya la importancia que se le da a esta apertura. Quedará por verse si esta consulta participativa es realmente un paso hacia una menor intervención estatal o solo una fachada para cambios preestablecidos.
