¡La IGJ endurece las reglas! Capital mínimo para sistemas de ahorro se dispara

La Inspección General de Justicia (IGJ) ha lanzado una bomba regulatoria que resonará en el sector financiero y de consumo. A través de la Resolución General 1/2025, se han incrementado de manera contundente los capitales mínimos que deben poseer las sociedades que administran sistemas de capitalización y ahorro para fines determinados.

Un golpe a las entidades de ahorro

Las entidades que operan planes generales de ahorro deberán contar ahora con un capital mínimo disponible no inferior a PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000), una cifra que la IGJ podrá aumentar si lo considera necesario. Para aquellas que operan planes específicos (Capítulo IV), la exigencia es aún mayor: PESOS TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000). Este ajuste busca adecuar las normativas a la realidad económica y financiera actual, especialmente tras las variaciones introducidas por el Decreto N° 209/2024 en relación al capital mínimo de las sociedades anónimas.

Además del capital, se establecen nuevos límites para la colocación de contratos y el valor móvil mínimo de inicio por suscriptor. Por ejemplo, el capital de $300.000.000 determina un límite para colocar contratos por un total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL MILLONES ($210.000.000.000), y el valor móvil inicial mínimo por suscriptor será de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000).

¿Quiénes sentirán el impacto?

La medida impacta directamente en las empresas administradoras de planes de ahorro, muchas de las cuales son cruciales para la adquisición de vehículos y bienes durables. Las entidades que no cumplan con estos nuevos capitales mínimos deberán alcanzarlos antes del 30 de abril de 2025, lo que podría generar una ola de fusiones, adquisiciones o incluso la salida del mercado de las empresas más pequeñas o menos capitalizadas. Esto podría traducirse en mayor protección para los consumidores al operar con entidades más robustas, pero también en menos opciones y posible consolidación del mercado.

"La IGJ busca fortalecer la solvencia de las administradoras, pero el costo de la adaptación será alto para muchas empresas."

Para los ciudadanos que tienen o planean adquirir un plan de ahorro, esta medida podría significar una mayor seguridad sobre sus fondos, aunque la dinámica del mercado podría cambiar. Es vital que los suscriptores se informen sobre la situación de sus administradoras y cómo planean cumplir con las nuevas exigencias.