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El Gobierno desmantela la burocracia en el Código Alimentario Argentino, simplificando drásticamente la importación de productos de países con alta vigilancia sanitaria y eliminando exigencias innecesarias para la exportación. Una medida que promete más variedad y mejores precios en las góndolas, y un impulso inédito para el comercio exterior de alimentos.
¡Atención, consumidores, productores y empresarios del sector alimentario! El Decreto 35/2025, firmado por el Presidente, marca un punto de inflexión histórico en la regulación de alimentos en Argentina. El Gobierno ha lanzado una desregulación masiva del Código Alimentario Argentino (CAA) que impactará directamente en lo que comemos y en la capacidad del país para comerciar con el mundo.
La medida más explosiva es la simplificación radical para la importación de alimentos y envases. A partir de ahora, los productos provenientes de países con "alta vigilancia sanitaria" (listados en un nuevo Anexo III) o que utilicen las normas del "Codex Alimentarius" (FAO/OMS), quedarán eximidos de la mayoría de los registros nacionales (RNE, RNPA, RNPE) y de la Declaración de Sellos y Advertencias Nutricionales. ¡Una verdadera revolución que elimina la duplicidad de controles! Solo se requerirá una declaración jurada de importación y la certificación del país de origen. Esto significa menos costos, menos demoras y, potencialmente, más variedad y mejores precios en los supermercados para el consumidor.
Pero el decreto también trae buenas noticias para los exportadores. Se establece que los productos que se exporten "deberán cumplir únicamente los requisitos y las restricciones que imponga el país de destino, sin que la Autoridad Sanitaria Nacional pueda estipular mayores exigencias". ¡Se acabó la burocracia que frenaba nuestras ventas al exterior! El exportador podrá solicitar los certificados que necesite, pero el Estado no le pondrá palos en la rueda con requisitos adicionales. Esta decisión potencia la competitividad de la producción argentina en el mercado global, destrabando operaciones y fomentando la industria.
El Gobierno justifica esta "desburocratización" en la necesidad de incentivar el comercio y la industria, reduciendo la "incidencia gubernamental en el sector privado", siempre "sin perder de vista la protección de derechos fundamentales como la salud de los ciudadanos". Es una apuesta fuerte por el libre mercado que promete sacudir los cimientos del sector agroalimentario.
