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El Gobierno declara de Interés Público Nacional la ampliación del ex Gasoducto Néstor Kirchner por una empresa privada. Prometen ahorros millonarios y fin a las importaciones, ¿pero a qué costo para el Estado?
En un movimiento que sacude los cimientos del sector energético, el Gobierno Nacional ha declarado de Interés Público Nacional la iniciativa privada propuesta por TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. (TGS) para ampliar el "GASODUCTO PERITO FRANCISCO PASCASIO MORENO" (conocido hasta hace poco como "Presidente Néstor Kirchner"). Este Decreto 1060/2024 es una jugada audaz que busca inyectar capital privado en una infraestructura clave, prometiendo un incremento de la capacidad de transporte de gas natural en 14 MMm³/d desde Tratayén (Neuquén) hasta Salliqueló (Buenos Aires) y, con obras complementarias, hasta el Litoral y AMBA.
La medida se enmarca en las reformas de la Ley de Bases N° 27.742, que busca minimizar la intervención estatal y atraer inversiones privadas. TGS estima que este proyecto permitirá sustituir importaciones de GNL y combustibles líquidos por más de USD 700 millones anuales, generando un ahorro fiscal de USD 500 millones anuales y un ahorro fiscal total de USD 645 millones anuales. Un verdadero golpe de timón para la balanza comercial y las arcas públicas.
Sin embargo, la letra chica indica que esta ampliación se incorporará a la concesión de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA), pero el precio de la capacidad de transporte resultante de la ampliación será el que surja de la licitación pública, con un precio unificado para todos los cargadores del ducto. Además, se obliga a TGS a realizar obras complementarias en sus tramos finales y renuncia a honorarios si no es adjudicataria. También, CAMMESA deberá renunciar a su derecho de prioridad sobre esta nueva capacidad.
Este decreto no solo modifica la gestión de una infraestructura estratégica, sino que sienta un precedente para el financiamiento privado de obras públicas, marcando un cambio drástico en el modelo energético argentino. Los ciudadanos podrían ver un impacto en la estabilidad del suministro de gas y, potencialmente, en las tarifas a largo plazo, aunque el objetivo declarado es reducir costos para el usuario final. La gran pregunta es si este "modelo pro-mercado" logrará los ahorros prometidos sin sacrificar la soberanía energética.
