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En un movimiento que profundiza la reestructuración estatal, la Jefatura de Gabinete prorrogó por un año las intervenciones en EDUC.AR, RTA, Contenidos Públicos y la ex TÉLAM. La 'emergencia pública' sigue siendo el motor de estas decisiones que transforman el panorama de los medios y la educación.
El Gobierno no levanta el pie del acelerador en su plan de reestructuración del Estado. Mediante las Decisiones Administrativas 4/2025 y 5/2025, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha prorrogado por un año la intervención de varias empresas públicas clave, todas ellas transformadas en Sociedades Anónimas Unipersonales (S.A.U.) en el marco del polémico DNU Nº 70/23 que declaró la emergencia pública hasta fines de 2025.
La Decisión Administrativa 4/2025 extiende la intervención en EDUC.AR SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL, continuadora de la antigua EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO. Esta medida, que busca "optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumple", mantiene al Ingeniero Gastón Mariano MARTÍN como Interventor, quien había sido designado por el Decreto N° 963/24.
Por su parte, la Decisión Administrativa 5/2025 hace lo propio con un paquete de medios públicos: RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (ex RTA S.E.), CONTENIDOS ARTÍSTICOS E INFORMATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (ex Contenidos Públicos S.E.) y, de forma particular, la AGENCIA DE PUBLICIDAD DEL ESTADO SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (APE S.A.U.), la continuadora de la histórica TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO. En estos casos, la intervención del Ingeniero Eduardo Roberto GONZÁLEZ se prorroga también por un año, o hasta que se designen nuevas autoridades para APE S.A.U.
Estas prórrogas, justificadas por la "complejidad de la tarea encomendada" en el proceso de transformación, tienen un impacto directo en el rol del Estado en la educación y la comunicación. La continuidad de las intervenciones bajo el paraguas de la emergencia pública consolida el control del Ejecutivo sobre estas entidades, generando interrogantes sobre la pluralidad de voces en los medios públicos y el futuro de proyectos educativos como Educ.ar. Para los ciudadanos, significa que la redefinición de la presencia estatal en estos sectores estratégicos se extenderá por un período considerable, con todas las implicaciones que ello conlleva para el acceso a la información y la cultura.
