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La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó sanciones millonarias a una fiduciaria y una constructora, junto a sus directivos, por graves incumplimientos en la prevención del lavado de activos, enviando una clara señal a los "sujetos obligados".
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha vuelto a golpear la mesa, demostrando que no hay margen para la negligencia en la lucha contra el lavado de dinero. En dos resoluciones contundentes, el organismo sancionó a una fiduciaria y una constructora, junto a varios de sus directivos, con multas que suman cientos de miles de pesos por no cumplir con las estrictas normativas antilavado.
En el Expediente UIF N°86/2019, la mira estuvo puesta en ESPALDARES CIA. FIDUCIARIA S.A. (CUIT N° 30-71242700-7). Si bien la compañía y sus directivos, Armando Antonio MORÓN (DNI N° 14.649.919) y Carlos Luis JIMÉNEZ (DNI N° 17.721.298), fueron absueltos de un cargo, se les declaró responsables por "incumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 14 incisos 1), 20 bis y del artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y 7° inciso g) de la Resolución UIF N° 140/2012". ¿El resultado? Multas de $100.000 para Morón, $100.000 para Jiménez y otros $100.000 para la fiduciaria.
No fue el único caso. En otro sumario, EDIFICIOS UPSALAIN S.A. (CUIT N° 30-71184719-3) y su directivo, Guillermo Federico BOSCH MISKOVIC (DNI N° 19.041.058), también cayeron bajo el peso de la ley. Se les imputó responsabilidad por "incumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 14 inciso 1), 20 bis, 21 inciso a) y 21 bis de la Ley N° 25.246, artículo 7° inciso g) de la Resolución UIF N° 140/2012 y la Resolución UIF N° 50/2011". Para ellos, la sanción fue idéntica: $100.000 para Bosch Miskovic y otros $100.000 para la constructora. Un tercer implicado, Nicolás Ariel BAUTISTA (DNI N° 28.608.283), fue absuelto por falta de legitimación pasiva.
Estos casos son un recordatorio brutal para todos los "sujetos obligados" (empresas financieras, inmobiliarias, escribanías, etc.) de que deben extremar la vigilancia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La Ley N° 25.246 y sus resoluciones complementarias buscan cerrar las puertas al dinero sucio, y la UIF está decidida a hacerla cumplir, cueste lo que cueste. Las empresas tienen diez días para pagar, o enfrentarán ejecuciones.
