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La Secretaría General de la Presidencia de la Nación extiende nuevamente designaciones transitorias clave, desafiando la transparencia y la necesidad de concursos. ¿Hasta cuándo la excepción se vuelve regla?
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei, volvió a ser el epicentro de decisiones administrativas que levantan cejas. Mediante tres resoluciones casi calcadas (161/2026, 164/2026 y 165/2026), se prorrogaron las designaciones transitorias de tres funcionarios clave por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles. Se trata de la arquitecta María Elena Mazzantini (DNI 12.779.996) como Directora de Patrimonio, la licenciada María Alejandra Miguez (DNI 16.439.607) como Coordinadora de Planes y Programas de Capacitación, y el Dr. Carlos Andrés Basmajian Luzzi (DNI 28.752.808) como Director de Sumarios.
Lo más llamativo es que estas prórrogas se otorgan con "autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos" para el puesto, y sin que se haya realizado la "correspondiente convocatoria al proceso de selección". Las autoridades justifican la medida por "razones operativas" y la continuidad de los funcionarios en sus tareas. Sin embargo, la normativa vigente del SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) exige que estos cargos sean cubiertos mediante concurso público en un plazo de 180 días hábiles desde el inicio de la designación transitoria, un plazo que evidentemente se ha incumplido reiteradamente.
Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido en una práctica habitual en la administración pública, donde las designaciones "a dedo" y las prórrogas se suceden, postergando la profesionalización y el acceso por mérito. Los contribuyentes se preguntan si la "transformación del Estado" prometida incluye la perpetuación de estas excepciones que atentan contra la igualdad de oportunidades y la eficiencia.
Que la burocracia sigue funcionando bajo sus propias reglas, donde los cargos importantes pueden ser ocupados por tiempo indefinido sin la rigurosidad que exige un concurso. Es crucial que la ciudadanía esté atenta a estos movimientos, ya que impactan directamente en la calidad y transparencia de la gestión pública.
"La excepción no puede ser la regla. Necesitamos un Estado con funcionarios elegidos por sus méritos, no por sus conexiones", afirmó un analista político.
