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Un nuevo decreto eleva a casi 1.500 millones de pesos el costo de un contrato de transporte fluvial en Buenos Aires, sumando más de 21 millones extra. ¡Otro ajuste de precios que impacta directo en el bolsillo de los bonaerenses!
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante el DECRETO 1314/2022, ha autorizado la undécima redeterminación de precios para un contrato de servicio de transporte fluvial. Esta medida, que se inscribe en la dinámica de ajustes por inflación, eleva el monto total del contrato a una cifra astronómica: $1.490.461.889,21.
La redeterminación representa un incremento contractual de $21.107.366,23 sobre el monto previamente establecido. En un contexto de alta inflación, estas revisiones contractuales son una constante, pero no dejan de generar interrogantes sobre la eficiencia del gasto público y el impacto en las finanzas provinciales.
El proceso de ajuste se basó en una variación del 4,75%, un porcentaje menor al 5,95% inicialmente solicitado por el proveedor. Esto surge de complejos cálculos y análisis de índices de precios, supervisados por diversas direcciones provinciales, incluyendo la de Contrataciones y la de Análisis Económico Financiero.
La empresa beneficiada con esta millonaria actualización es CN NAVEGACIÓN S.R.L., representada por su socio-gerente, Omar Alberto Navarro. Por parte del Estado, el acta de redeterminación fue suscripta por Diego Hernán Turkenich, Subsecretario de Administración y Recursos Humanos de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
"La presente redeterminación se realiza en función del menor porcentaje entre el solicitado por el proveedor y el determinado por la Dirección Provincial de Contrataciones..."
Este tipo de ajustes, aunque previstos en la ley para garantizar la continuidad de los servicios ante cambios económicos, tensiona el presupuesto provincial y pone en el centro de la escena la gestión de los recursos públicos. La recurrencia de estas redeterminaciones (esta es la undécima) subraya la volatilidad económica y la necesidad de mecanismos transparentes y eficientes para proteger las arcas del Estado.
Para el ciudadano común, estas cifras se traducen en mayor gasto público que, eventualmente, se financia con impuestos. Es crucial estar atentos a cómo se administran estos fondos y si los servicios contratados realmente justifican tales desembolsos. El control y la fiscalización de estos procesos son fundamentales para la salud financiera de la provincia.
