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El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe notifica a los padres de Yazmin, Luna y Aytana sobre una medida de protección excepcional de derechos, garantizando su defensa.
La Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, ha dispuesto una Medida de Protección Excepcional de Derechos para las niñas Yazmin Gimena Presentado, Luna Neymará Lima y Aytana Gimenez Lima.
Esta medida, dictada mediante la Disposición Administrativa N° 87/26 del 13 de mayo de 2026, se notifica a los progenitores Oscar Leonardo Presentado (padre de Yazmin) y Jonathan Alexis Gimenez (padre de Aytana), ambos con domicilio desconocido, así como a la madre Joana Belén Lima. La medida busca resguardar los derechos de las menores, nacidas en 2012, 2019 y 2022 respectivamente.
La notificación detalla que la medida excepcional se basa en las facultades otorgadas por la Ley Provincial N° 12.967 y su Decreto Reglamentario N° 619/10, que establecen el procedimiento para la adopción y notificación de este tipo de actos administrativos. Los padres tienen derecho a ser asistidos por un abogado y a presentar recursos de revocatoria contra la disposición. Se destaca que las medidas de protección excepcional son de aplicación restrictiva y su legalidad debe ser controlada por el Juzgado de Familia interviniente.
Esta medida implica una intervención estatal en la vida familiar para asegurar el bienestar de las niñas. Los progenitores notificados, al tener domicilio desconocido, son informados por edicto, lo que subraya la urgencia y la necesidad de la intervención. La legislación provincial garantiza el derecho a la defensa y la posibilidad de recurrir la decisión, asegurando un marco legal para el proceso.
Los artículos 60, 61 y 62 de la Ley N° 12.967 y del Decreto N° 619/10, transcriptos en el edicto, detallan los plazos y formas para la interposición de recursos y la notificación de las resoluciones, así como el procedimiento para el control de legalidad por parte del Poder Judicial. Esto garantiza que, si bien la medida es excepcional, se respeten los derechos y garantías procesales de los involucrados.
