¡Mega DNU! El Gobierno Remueve el Presupuesto 2024 y Toca la Caja de la ANSES

El Decreto 1104/2024 es un verdadero terremoto fiscal, una reconfiguración total del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2024. Al no haber una ley de presupuesto aprobada, el Gobierno recurre a la prórroga de la Ley 27.701 de 2023, pero con cambios profundos justificados por la necesidad de "garantizar la continuidad del funcionamiento del ESTADO NACIONAL".

Entre los puntos más candentes, se destaca el recorte al presupuesto de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO, una jugada política que llega tras el rechazo del Congreso a un aumento previo. Esto marca un claro pulso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, evidenciando tensiones en un área clave de la seguridad nacional.

Por otro lado, se observa un refuerzo millonario para las fuerzas de seguridad y defensa. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal recibe nada menos que $202.748.607.000 para cubrir jubilaciones, pensiones y sentencias judiciales. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas también verá incrementos para financiar atención médica en Chaco y Corrientes (Campaña Conjunta Socio Sanitaria - Fluvial 2024) y viáticos de Misiones de Paz de la ONU. El Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares recibe $41.808.420.778 para sentencias y adecuación de haberes.

Sin embargo, la medida que más revuelo genera es la "aplicación financiera gratuita" de UN BILLÓN DE PESOS ($1.000.000.000.000) que la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS deberá transferir al TESORO NACIONAL. Esta mega transferencia interna levanta serias dudas sobre el futuro de la inversión en infraestructura y el impacto en el sector de la construcción, sugiriendo una centralización de recursos sin precedentes.

La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS) también está en el ojo de la tormenta. Si bien se incrementa su presupuesto para gastos operativos y Asignaciones Familiares, se registra una disminución en los fondos destinados a prestaciones previsionales, con el argumento de que el refuerzo anterior (Decreto N° 594/2024) se basó en "supuestos de inflación que resultaron superiores a los efectivos". Esta justificación podría generar gran preocupación entre jubilados y pensionados. Afortunadamente, se refuerzan las transferencias al INSSJP y la prestación por desempleo.

El DNU también reordena la deuda pública para 2025. Se reemplazarán pagos de letras en dólares en manos del sector público y del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) por nuevos títulos. Para las letras intransferibles del BCRA, el 60% de los intereses se pagará con nuevos bonos a cinco años, atados a la tasa de reservas internacionales del BCRA (con un tope), mientras que el 40% restante se abonará en efectivo. Una estrategia compleja para gestionar el pasivo cuasifiscal y la hoja de balance del Banco Central.

Finalmente, Argentina aprueba un aporte de USD 40.200.000 al BID Invest, tomando cuotas que antes pertenecían a Venezuela, y se amplía en $100.000.000.000 el monto máximo de bonos de consolidación.

Este DNU, firmado por el Presidente y todo el Gabinete, se ampara en la "naturaleza excepcional" para evitar el trámite legislativo ordinario, pero deberá ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. Su impacto será transversal, afectando desde la seguridad ciudadana y el bienestar social hasta la estabilidad económica y la inversión pública. Los ciudadanos deberán estar atentos a la ejecución de estas medidas, especialmente en lo que respecta a las jubilaciones y la obra pública.