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El Ministerio de Economía pisa el acelerador y autoriza la licitación para privatizar la emblemática Corredores Viales S.A. Un paso gigante en la desestatización que pone en manos privadas la gestión de miles de kilómetros de rutas nacionales, con promesas de eficiencia y fin del déficit.
El Gobierno Nacional ha dado un paso decisivo en su plan de privatizaciones. A través de la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, se autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización total de Corredores Viales S.A., la empresa estatal a cargo de la gestión de gran parte de la red vial nacional. Esta medida, enmarcada en la "Red Federal de Concesiones - Etapa III", busca transferir al sector privado la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en ocho tramos clave del país.
Corredores Viales S.A. fue declarada "sujeta a privatización" por la Ley 27.742 y su proceso de venta total fue autorizado por el Decreto 97/2025, bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El objetivo, según el Ejecutivo, es eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado, inyectando inversión privada en la infraestructura vial. Los tramos afectados por esta mega-licitación incluyen importantes corredores en las regiones de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, que abarcan Rutas Nacionales como la 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, entre otras.
El proceso de licitación ya tiene fechas clave: las consultas a los pliegos se podrán realizar hasta el 4 de mayo de 2026, y la presentación y apertura de ofertas se llevará a cabo el 18 de mayo de 2026 a través de la plataforma CONTRAT.AR. Una Comisión Evaluadora ad hoc será la encargada de analizar las propuestas. Esta privatización representa un cambio de paradigma en la infraestructura argentina, con el potencial de modernizar las rutas y mejorar los servicios, pero también con la incógnita sobre el futuro de los peajes y la accesibilidad para los usuarios. Para el ciudadano, esto significa que la gestión de las principales arterias del país cambiará de manos, y es crucial estar atento a los términos de las nuevas concesiones.
