Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Movilidad e Infraestructura dio el visto bueno a la rendición de cuentas de Autopistas Urbanas SA por la operación del Sistema de Acarreo en enero de 2026. Un negocio millonario que siempre está bajo el ojo de la tormenta y que genera polémica entre los automovilistas.
En un tema que siempre enciende la mecha de la polémica entre los ciudadanos, el Boletín Oficial trae novedades sobre el Sistema de Acarreo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires. La Resolución N° 82/SECTR/26, emitida por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, acaba de aprobar la rendición de ingresos y gastos presentada por la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) por su operación durante el mes de enero de 2026.
El servicio de grúas y acarreo, históricamente cuestionado por sus costos elevados y la percepción de arbitrariedad en las multas, es un negocio que mueve importantes sumas de dinero. AUSA, como operadora de este sistema, debe presentar periódicamente sus balances para la fiscalización del gobierno porteño. La aprobación de esta rendición, aunque sea un trámite administrativo, es un recordatorio de que los fondos públicos y los bolsillos de los automovilistas están en juego.
Para muchos, el sistema de acarreo es una herramienta de recaudación más que una solución efectiva para la fluidez del tránsito. Las quejas por vehículos remolcados en lugares donde la señalización es confusa o inexistente son moneda corriente.
La aprobación de la rendición de AUSA significa que, al menos para el gobierno, las cuentas de enero de 2026 están en orden. Sin embargo, no disipa las dudas sobre la eficiencia y la equidad del sistema. Los automovilistas deben seguir atentos y extremar precauciones para evitar ser víctimas de las grúas, ya que las tarifas por acarreo y estadía siguen siendo un dolor de cabeza para el presupuesto familiar. Este control es crucial para asegurar que la empresa cumpla con las condiciones contractuales y que los servicios se presten de manera transparente y justa.