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En un movimiento estratégico para el desarrollo productivo, la Provincia de Buenos Aires desembolsa una suma millonaria para la Cooperativa CANCOOP LIMITADA. ¿Es el impulso que necesita el sector cooperativo o una inyección de fondos con condiciones estrictas?
El Boletín Oficial ha encendido las alarmas con la publicación de la Resolución N° 49-IPAYCMPCEITGP-2026, que confirma la entrega de un subsidio de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000) a la COOPERATIVA DE TRABAJO CANCOOP LIMITADA (CUIT 30-71842650-9), con domicilio en Abasto, La Plata. Este monumental apoyo financiero tiene un objetivo claro: la adquisición de materiales, un insumo vital para impulsar la producción de esta entidad.
Esta millonaria transferencia se enmarca dentro del "Programa Cooperativas en Marcha" y su "Sub-programa Impulso Cooperativo", iniciativas del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAYC). Creado por el Decreto N° 208/24 y constituido como entidad autárquica, el IPAYC tiene la misión de fomentar y promover las actividades cooperativas en toda la provincia. La resolución destaca que el objetivo es "contribuir al fortalecimiento socio-económico de las cooperativas de trabajo de la provincia de Buenos Aires mediante el otorgamiento de subsidios destinados a financiar proyectos que permitan impulsar la producción y la comercialización de sus bienes y servicios".
Para la COOPERATIVA DE TRABAJO CANCOOP LIMITADA, este subsidio representa una bocanada de aire fresco y una oportunidad dorada para expandir su capacidad productiva y, potencialmente, generar más puestos de trabajo en la región de La Plata. Sin embargo, la generosa ayuda económica no viene sin ataduras. La cooperativa tiene un plazo máximo de ciento ochenta (180) días desde la percepción del subsidio para presentar una "rendición de cuenta documentada" ante la Dirección General de Administración del Instituto. Además, la información brindada por la solicitante tiene carácter de Declaración Jurada, lo que implica que cualquier inconsistencia o falta de veracidad puede resultar en sanciones. El Estado, si bien impulsa, también vigila de cerca la correcta utilización de los fondos públicos.
Este tipo de medidas subraya la postura intervencionista del gobierno provincial en la economía, buscando fortalecer un modelo productivo que considera esencial y estratégico. Es una señal clara de apoyo al sector cooperativo, pero también un recordatorio de que la transparencia y la rendición de cuentas son innegociables.
