¡MILLONES EN SUBSIDIOS AL TRANSPORTE: EL ESTADO PAGA DEUDAS CLAVE!

¡Atención, usuarios de transporte público! En un movimiento que busca oxigenar las arcas de las empresas de colectivos y, de paso, mantener la paz social, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía ha dado luz verde a la liquidación definitiva de más de 681 millones de pesos en compensaciones tarifarias. Estas resoluciones, aunque publicadas en septiembre de 2025, corresponden a los servicios prestados en febrero y marzo de 2024, lo que evidencia la persistente demora en la ejecución de estos pagos cruciales.

¿Qué se pagó exactamente?

Se aprobaron los montos definitivos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), el Atributo Social y el Boleto Integrado. Esto significa que las empresas de transporte público de pasajeros urbanos y suburbanos que operan en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el Gran La Plata (La Plata, Berisso y Ensenada) recibirán los fondos adeudados. Para febrero de 2024, el monto asciende a $367.376.239,15, mientras que para marzo del mismo año, se destinaron $314.095.677,29.

Impacto directo en tu bolsillo y en el servicio

Si bien no implica un cambio en las tarifas actuales, la aprobación de estos pagos es fundamental para la sostenibilidad financiera de las empresas. La demora en el desembolso de estos subsidios siempre genera tensión y puede poner en riesgo la calidad y frecuencia del servicio. Para los ciudadanos, especialmente aquellos que utilizan el Atributo Social (descuentos para jubilados, pensionados, estudiantes, etc.) y el Boleto Integrado (beneficios por transbordos), esta medida garantiza que esos beneficios sigan vigentes.

Estos fondos provienen de un fideicomiso alimentado por los Impuestos sobre el Valor de Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, lo que subraya la fuerte dependencia del sistema de transporte de la intervención estatal. La publicación de estas resoluciones instruye a la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios a realizar el pago en un plazo de cinco días, un respiro para el sector, pero también un recordatorio de los desafíos económicos que enfrenta el transporte público en Argentina.