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La Jefatura de Gabinete de Ministros destinará una fortuna a consultoras para "monitorear la gestión y opinión pública". Se adjudicaron servicios a 14 empresas, incluyendo a pesos pesados del rubro, en un acuerdo marco que despierta suspicacias sobre el uso de los fondos públicos y la estrategia comunicacional.
La Administración Pública Nacional acaba de cerrar un Acuerdo Marco que moverá millones en el mercado de las consultoras. A través de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 999-0012-LPU25, la Jefatura de Gabinete de Ministros definió a los proveedores que se encargarán, durante un año con posible prórroga, de los tan codiciados "estudios de monitoreo de la gestión y opinión pública".
Un total de 14 firmas fueron las afortunadas adjudicatarias, entre las que se destacan nombres conocidos del ambiente de la consultoría y hasta una universidad nacional. La lista incluye a: OPINAIA S.A., MVP DATA S.R.L., MBC CONSULTORES ASOCIADOS S.A., ISONOMIA CONSULTORES S.A., MIDYA S.R.L., JULIO FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A., MFG CONSULTORES S.A., TAQUION S.A., TRESPUNTOZERO S.A., UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO, MARÍA FLORENCIA FILADORO, RUBIKON INTEL ARGENTINA S.A., INTELIGENCIA ANALÍTICA CONSULTORES ASOCIADOS S.A. y MAGALÍ LAURA GÓMEZ. Cada una de ellas obtuvo diferentes "renglones" o segmentos del servicio, lo que implica una distribución estratégica de la información a recolectar.
Pero no todo fue color de rosas. Varias ofertas fueron excluidas por "económicamente inconvenientes" o directamente desestimadas por "inadmisibles". Entre las desestimadas figuran empresas como TINARGEN S.A., THE POWER OF DATA S.A., FUNDACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR, GUSTAVO CÓRDOBA Y ASOCIADOS y DEMOS CONSULTING S.R.L., lo que plantea interrogantes sobre la rigurosidad de los procesos de evaluación y la competencia real en este nicho de mercado.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) confirmó que este tipo de contrataciones, al no ser de bienes "normalizados o estandarizados", quedan fuera del control de precios testigo, añadiendo un manto de discrecionalidad en los costos que pagará el Estado. La facultad de aprobar la prórroga del acuerdo fue delegada en la Titular de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, un detalle que centraliza aún más la decisión y el control de estos millonarios contratos.
"El gasto presupuestario será atendido con cargo a las partidas específicas de las jurisdicciones y/o entidades que emitan las respectivas órdenes de compra." Este punto es clave: aunque la Jefatura de Gabinete centraliza la licitación, el costo se distribuye entre las distintas dependencias, diluyendo el impacto visible en un solo presupuesto y dificultando un seguimiento consolidado del gasto.
La contratación de múltiples consultoras para monitorear la opinión pública y la gestión gubernamental levanta el telón sobre la obsesión del oficialismo por la imagen y la percepción social. En un contexto de crisis económica y alta volatilidad política, estos estudios son una herramienta fundamental para ajustar discursos, anticipar reacciones y, en última instancia, intentar mantener la gobernabilidad. Los ciudadanos comunes deben estar atentos: estos contratos son una ventana al accionar del gobierno y a cómo se utilizan los recursos públicos para moldear la narrativa oficial. Estar informado sobre estas adjudicaciones es crucial para exigir transparencia y rendición de cuentas. Se puede seguir el Boletín Oficial y los portales de compras públicas para futuras actualizaciones.
