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La Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad modifica una resolución clave, pero el Boletín Oficial **oculta los detalles**. ¿Qué se esconde detrás de este cambio y cómo nos afecta?
La Resolución N° 60/APRA/26, emanada de la Vicejefatura de Gobierno, es un ejemplo de opacidad burocrática que genera más preguntas que respuestas. El documento se limita a anunciar una 'modificación' a la Resolución N° 31-APRA/26, sin especificar qué se cambia ni por qué. Esto deja a ciudadanos, empresas y ambientalistas en un limbo de incertidumbre.
La APRA es un organismo vital para la regulación ambiental en la Ciudad de Buenos Aires, encargada de temas que impactan directamente en la calidad del aire, el agua, la gestión de residuos y la operativa de innumerables industrias. Una modificación sin explicaciones puede generar desde confusión administrativa hasta sospechas de cambios regulatorios que beneficien o perjudiquen a sectores específicos sin el debido escrutinio público. ¿Estamos frente a un ajuste técnico menor o a un cambio de rumbo en alguna política ambiental sensible? Sin la letra chica, es imposible saberlo. Este tipo de publicaciones, que solo anuncian un 'cambio' sin su contenido, son un claro ejemplo de lo que no debe pasar en un gobierno que dice apostar por la transparencia. Para el ciudadano común, la implicación es la incertidumbre: cualquier cambio en la normativa ambiental puede afectar desde la habilitación de un comercio hasta la calidad del entorno en el que vive. La falta de información impide evaluar si la medida es beneficiosa o perjudicial. Los interesados deberán buscar la resolución original y su modificatoria para entender el verdadero alcance de esta movida.
