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El Ministerio de Economía bonaerense sacude el tablero del Tribunal Fiscal de Apelación con nombramientos, reubicaciones y jugosas bonificaciones por título para dos agentes. Rodrigo Salinas Giusti y Evangelina Manattini, los protagonistas de una serie de movimientos administrativos que redefinen sus roles y recompensas.
Una cascada de resoluciones y decretos en el Boletín Oficial revela un intenso movimiento de personal en el corazón del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, específicamente en el Tribunal Fiscal de Apelación. Los focos están puestos en los agentes Rodrigo Hernán SALINAS GIUSTI y Evangelina MANATTINI, quienes han sido objeto de una serie de reestructuraciones que culminan en nuevas designaciones y el otorgamiento de la codiciada "Bonificación por Título Universitario de Grado atinente a la función -BTU-".
Rodrigo Hernán SALINAS GIUSTI (DNI N° 26.846.616), quien ya se desempeñaba como Prosecretario de la Sala III con rango de Director, ahora asciende a Secretario de la Sala III, con un rango y remuneración equivalente a Director Provincial. Su trayectoria en la administración fue revisada y ajustada, con reservas de su cargo de revista que datan desde 2017 y que lo vieron pasar por diferentes categorías (Abogado “D” Categoría 10, luego Categoría 12, y finalmente Abogado “C” Categoría 14). Su bonificación por título, que había sido otorgada en junio de 2025, es ahora limitada y reotorgada a partir del 2 de enero de 2026 bajo las nuevas condiciones.
Por su parte, Evangelina MANATTINI (DNI N° 30.729.035) es designada como Prosecretaria de la Sala III, con rango y remuneración equivalente a Directora, también a partir del 2 de enero de 2026. Al igual que Salinas Giusti, se le otorga la "Bonificación por Título Universitario de Grado" a partir de la misma fecha, luego de que su bonificación anterior (de mayo de 2025) fuera limitada. Su cargo de revista corresponde al Agrupamiento Personal Profesional, Abogado “C”, Categoría 15.
Estos movimientos, aunque parecen meramente administrativos, son cruciales para la estructura y funcionamiento de un organismo tan sensible como el Tribunal Fiscal de Apelación, que resuelve disputas tributarias. La continuidad y estabilidad del personal clave en estos roles es fundamental para la seguridad jurídica y la eficiencia del Estado.
La serie de resoluciones (N° 64-MECONGP-2026, Ley N° 7603/70, Decreto N° 1869/96 y Decreto N° 641/25) detallan con precisión cada paso de estas reubicaciones y designaciones, evidenciando la burocracia inherente a los cambios en la planta permanente estatal.
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