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La Dirección Nacional de Vialidad sancionó a Caminos del Río Uruguay S.A. con una multa millonaria por incumplimientos en el mantenimiento de la Ruta Nacional N.° A015, afectando la seguridad y confort de los usuarios.
La Dirección Nacional de Vialidad impuso una multa significativa a la empresa Caminos del Río Uruguay S.A., concesionaria del Corredor Vial N.° 18. La sanción, equivalente a 46.280 Unidades de Penalización, se debe al deficiente estado de la Ruta Nacional N.° A015, en el tramo comprendido entre el Km.0 y el Km.15.
El organismo constató, a través del Acta de Constatación N.° 129/2024, que el Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) de la calzada era inferior al valor exigido contractualmente, alcanzando solo 1,6 cuando se requería un mínimo de 2,8. Esto representa un incumplimiento directo del Artículo 3 del Acta Acuerdo de Reformulación del Contrato de Concesión, aprobado por Decreto N.° 1.019/1996, que establece las condiciones de mantenimiento, reparación y conservación rutinaria.
"Las deficiencias constatadas representan un peligro para la seguridad vial y un menoscabo en las condiciones exigidas contractualmente de estética, seguridad y confort para el usuario."
La empresa, que se encuentra en concurso preventivo desde marzo de 2023, no subsanó las deficiencias a la fecha de finalización de su concesión, el 9 de abril de 2025. Vialidad había prorrogado la concesión por doce meses ante la ausencia de otros operadores, buscando garantizar la continuidad del servicio, pero el incumplimiento persistió.
Para los ciudadanos, esta medida busca asegurar que las rutas concesionadas cumplan con los estándares de seguridad y confort. La falta de mantenimiento, como la rugosidad y deformaciones de la calzada, incrementa la probabilidad de inestabilidad vehicular y afecta directamente la seguridad vial. Para la empresa, además de la multa, se imputará un cargo adicional en la liquidación final por las faltas no subsanadas.
Esta resolución subraya la importancia de la fiscalización estatal en los contratos de concesión para proteger el interés público y la calidad de la infraestructura vial.
