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La firma fue sancionada con una multa de $5.100 y un apercibimiento por no cumplir con los requisitos registrales en una licitación para insumos de pintura de ARBA. Un revés para los proveedores del Estado.
La Resolución N° 80-OPCGP-2026 ha caído como un baldazo de pintura sobre la firma DI TORO HNOS S.A. (CUIT N° 30-70284357-6). Este organismo provincial de Contrataciones le aplicó una sanción de apercibimiento por incumplimientos en un proceso de compra abreviado para la adquisición de insumos de pintura destinados a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) en 2024. Pero ojo, esto no es todo: la empresa ya había sido penalizada con una multa de $5.100, que representaba el 5% del monto preadjudicado.
El meollo del asunto radica en que DI TORO HNOS S.A. no estaba inscripta en el rubro y subrubro requerido para el renglón 17 de la licitación. Aunque la empresa intentó regularizar su situación, lo hizo un mes después de la intimación oficial. Esta demora, que parece menor, fue suficiente para que su propuesta fuera desestimada y se le aplicaran las penalidades. El apercibimiento quedará registrado en su legajo, una mancha que podría complicar futuras contrataciones con el Estado provincial.
Este caso es un claro mensaje para todos los proveedores del Estado: la rigurosidad administrativa y el cumplimiento de los plazos son innegociables. Un pequeño error en la registración o una demora en la actualización pueden traducirse en la pérdida de contratos y la aplicación de sanciones económicas y administrativas. Para la administración pública, esta resolución reafirma la aplicación de la normativa vigente (Ley N° 13.981 y Decreto N° 59/19) para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos de contratación.
"La burocracia estatal no perdona descuidos, menos cuando hay dinero público de por medio."
¡Atención, empresarios! Revisar exhaustivamente los requisitos de cada licitación y mantener al día la situación registral de la empresa es fundamental para evitar dolores de cabeza y multas. Para el ciudadano común, es una muestra de cómo el Estado busca asegurar la eficiencia y legalidad en sus compras, aunque a veces los procesos sean complejos y las consecuencias, severas para los incumplidores. Estar informado sobre estas resoluciones es clave para entender el funcionamiento de las contrataciones públicas. Futuras actualizaciones pueden seguir la línea de mayor control y exigencia.
