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La Sindicatura General de la Nación establece nuevos lineamientos para su intervención en el proceso de indemnizaciones por la Fábrica Militar de Río Tercero, buscando mayor eficiencia y coordinación con el Ministerio de Defensa en un tema sensible y de larga data.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ha tomado cartas en el asunto de las indemnizaciones derivadas de los trágicos acontecimientos de la Fábrica Militar Río Tercero en 1995, un tema que ha marcado la historia reciente del país. A través de la Resolución 148/2026, SIGEN ha aprobado los "Lineamientos para la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA en los expedientes administrativos por los que tramite el resarcimiento previsto en la Ley N° 27.179".
Esta medida, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, busca optimizar las tareas de control sobre el complejo proceso de pago de indemnizaciones. La Ley N° 27.179, junto con su Decreto Reglamentario N° 309/2018, estableció el régimen de resarcimiento para las personas afectadas por las explosiones del 3 y 24 de noviembre de 1995 en la entonces Fábrica Militar Río Tercero, dependiente del ex Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa es la autoridad de aplicación de esta normativa y, a través de su Resolución N° 430/2020, creó una Comisión de Trabajo específica para gestionar estas indemnizaciones. El procedimiento actual establece que, si la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Defensa no tiene observaciones, debe remitir las actuaciones a SIGEN para la cancelación con Bonos de Consolidación en moneda nacional, décima serie, según lo dispuesto por el Ministerio de Economía.
La intervención de SIGEN se enmarca en la Ley N° 24.156, que le confiere la atribución de aplicar un modelo de control fundado en criterios de economía, eficiencia y eficacia. Al existir ya una intervención de control por parte de la UAI del Ministerio de Defensa, SIGEN busca evitar la duplicidad de esfuerzos y agilizar el proceso, estableciendo un mecanismo más específico y coordinado para su propia intervención.
"Es fundamental que los procesos de indemnización sean ágiles y transparentes. Esta medida de SIGEN, al optimizar los controles, debería redundar en una mayor celeridad para los beneficiarios y una mejor gestión de los recursos públicos", afirmó una fuente cercana a los expedientes.
Para los ciudadanos, especialmente para los damnificados de Río Tercero, esta resolución representa una señal de que el Estado busca eficiencia en la tramitación de sus compensaciones, un aspecto crucial en un proceso que lleva décadas. La coordinación entre organismos de control es clave para garantizar que la justicia, aunque tardía, sea también efectiva.
