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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado extiende mandatos de funcionarios clave, manteniendo la estructura burocrática en un área que busca reducirla.
En una jugada que no deja de ser curiosa y hasta irónica, el mismísimo Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha decidido prorrogar las designaciones transitorias de varios de sus funcionarios clave. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, extiende los mandatos de personal en un área que, por definición, debería estar abocada a la reducción y simplificación del aparato estatal. Una paradoja que resalta la complejidad de la gestión pública.
La Resolución 26/2024 da por prorrogada, desde el 13 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2024, la designación de Leonardo Danilo GOMEZ (DNI 27.284.889) como Coordinador de Proyecto de Integralidad Estatal. Además, se extienden por 180 días hábiles los nombramientos de Agustín Hugo MARCONE (DNI 30.448.876) como Director de Interpretación y Asistencia Normativa, Mario Sebastián GIUGGIO (DNI 29.266.036) como Director de Sistemas de Información de Empleo Público, y Enrique Jesús LOIS (DNI 31.860.141) como Coordinador de Análisis del Sistema de Información de Empleo Público. Todos ellos, dependientes de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
La justificación esgrimida es que "no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura de los cargos en cuestión", una frase que resuena en los pasillos de la administración pública. Si bien estas prórrogas son una excepción a la prohibición de nuevas designaciones de personal y buscan garantizar la continuidad de servicios esenciales, no deja de ser llamativo que el ministerio encargado de desmantelar la burocracia deba, a su vez, recurrir a mecanismos burocráticos para mantener su propia operatividad. El gasto que demanden estas prórrogas será atendido con cargo a las partidas de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esta situación pone de manifiesto que la tan ansiada "desregulación" y "transformación del Estado" es un proceso lento y complejo, incluso para quienes la impulsan. Los ciudadanos, por su parte, esperan ver resultados concretos en la eficiencia y el tamaño del Estado, más allá de los movimientos internos de personal.
