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Tras intensas negociaciones, la Administración Pública Nacional obtiene un incremento salarial escalonado hasta mayo de 2026 y una suma fija de $40.000. Pero la "modernización" del Estado queda en *stand by* con nuevas prórrogas para el Régimen de Dirección Pública y cambios en las licencias.
El Gobierno Nacional y los gremios de la Administración Pública Nacional (APN) llegaron a un acuerdo paritario que trae alivio a los bolsillos de miles de empleados públicos, pero también levanta cejas por la postergación de reformas clave. El Decreto 206/2026 homologa las Actas Acuerdo del 6 de marzo de 2026, que reabrieron la negociación salarial, mientras que el Decreto 207/2026 ratifica prórrogas en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
El personal permanente y no permanente de la APN verá sus salarios incrementados de manera escalonada:
Además, se acordó una suma fija remunerativa y no bonificable, excepcional y por única vez, de $40.000, a liquidarse con los haberes de mayo de 2026.
Una de las novedades más esperadas es el aumento de remuneraciones y becas para los Profesionales Residentes Nacionales del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan. Los incrementos se aplicarán progresivamente desde enero hasta mayo de 2026, con montos que varían según el año de residencia y la categoría de Jefe:
El acuerdo también establece:
Lo más controversial podría ser la prórroga hasta el 31 de mayo de 2026 de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública (Anexo IV del CCT General) y la incorporación del artículo 24 bis al SINEP. Esto significa que la tan anunciada modernización y profesionalización de los cuadros directivos del Estado sigue postergándose, manteniendo vigentes las normativas previas al Decreto N° 788/2019.
"Mientras se otorgan aumentos en un contexto inflacionario, la 'reforma del Estado' parece avanzar a paso de tortuga en sus aspectos más estructurales, dejando la profesionalización de la dirección pública en un limbo."
Este combo de medidas, que mezcla incrementos salariales con postergaciones de reformas estructurales, genera un escenario mixto para la administración pública. Para los trabajadores, un alivio momentáneo; para la gestión, un desafío pendiente.
