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El Gobierno homologa acuerdos salariales cruciales en energía, estaciones de servicio y la industria del caucho. ¿Podrán estos aumentos compensar la voracidad de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores?
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano ha dado luz verde a una serie de acuerdos salariales que impactan directamente en miles de trabajadores. En un contexto de alta inflación, estos pactos buscan recomponer el poder adquisitivo y establecer nuevas condiciones laborales en sectores estratégicos de la economía.
Los acuerdos homologados corresponden a:
Estos acuerdos establecen modificaciones salariales que buscan actualizar los ingresos frente a la escalada de precios. En algunos casos, se pactan sumas con carácter no remunerativo, lo cual el Ministerio advierte que debe considerarse conforme al Artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que define qué se entiende por remuneración. Esto es clave porque las sumas no remunerativas no generan aportes ni contribuciones, lo que afecta tanto los beneficios futuros del trabajador como la recaudación del Estado.
Además, se detallan aspectos sobre aportes sindicales (a cargo de afiliados), aportes solidarios (a cargo de no afiliados por un plazo limitado) y contribuciones para seguros de sepelio. También se menciona la evaluación posterior para fijar el tope indemnizatorio del Artículo 245 de la LCT, un factor crucial para calcular las indemnizaciones por despido.
Para los ciudadanos comunes, estas homologaciones significan un ajuste en sus salarios o en los de sus allegados, intentando mantener el poder de compra en un escenario económico volátil. Para las empresas, brindan un marco legal y previsibilidad respecto a los costos laborales, aunque implican un aumento en la masa salarial. El desafío es si estos acuerdos lograrán ser una herramienta efectiva para proteger el bolsillo de los trabajadores en el largo plazo.
