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Un director del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ve rectificada la base de cálculo de su bonificación especial por función informática. Un detalle burocrático que, sin embargo, afecta directamente el bolsillo de un alto funcionario.
Un nuevo capítulo en la intrincada burocracia estatal bonaerense salió a la luz, esta vez afectando directamente el salario de un alto funcionario del Ministerio de Gobierno. Se trata de la rectificación de un "error material involuntario" en la base de cálculo de una bonificación especial, un ajuste que, aunque parezca menor, puede tener un impacto significativo en la liquidación de haberes.
La Resolución N° 89-MGGP-2026 corrige la anterior RESO-2026-55-GDEBA-MGGP, que otorgaba la Bonificación Especial por Función Específica Informática a Federico Gabriel ORLANDO (DNI 29.404.069), Director de Gestión de la Comunicación con la Ciudadanía. El quid de la cuestión reside en la base sobre la cual se aplica el 115% de dicha bonificación. Originalmente, se había estipulado sobre el "sueldo básico y el bloqueo de título". Sin embargo, la corrección establece que debe calcularse sobre el "sueldo básico y el Adicional Disposición Permanente".
"Por un error material involuntario, en el artículo 1° de dicha Resolución donde se refiere a que el adicional se calcula sobre el sueldo básico y el bloqueo de título, corresponde dejar establecido que el adicional se calcula sobre el sueldo básico y el Adicional Disposición Permanente; toda vez que la categoría funcional de Director no contempla el pago de este último concepto", aclara la resolución.
Este cambio no es menor, ya que la categoría funcional de Director no contempla el "bloqueo de título", por lo que la base de cálculo original era incorrecta. La rectificación, amparada en el artículo 115 del Decreto-Ley N° 7647/70, busca adecuar la liquidación a la normativa vigente.
Si bien la resolución no detalla el impacto económico exacto de este cambio, es claro que la modificación de la base de cálculo alterará el monto final de la bonificación. Para el funcionario, esto significa un ajuste en sus ingresos que, aunque corregido por vía administrativa, resalta la complejidad y el margen de error en la gestión de los recursos humanos estatales.
Para la ciudadanía, estos episodios, aunque técnicos, pueden generar dudas sobre la eficiencia y la precisión en la administración de los fondos públicos. La transparencia en la corrección de estos errores es fundamental para mantener la confianza en la gestión estatal. Estar informado sobre las normativas que rigen las bonificaciones y salarios de los funcionarios públicos es clave para una fiscalización ciudadana efectiva.
