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El Ministerio de Justicia, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, extendió las designaciones transitorias de un Subdirector Nacional y una Coordinadora, ambos en funciones clave dentro de la cartera, debido a la imposibilidad de cubrir los cargos mediante concursos regulares. Estas medidas buscan asegurar la continuidad operativa en áreas sensibles.
El Boletín Oficial de hoy trae novedades administrativas en el Ministerio de Justicia, con la prórroga de dos designaciones transitorias en puestos clave. Por un lado, se extiende la permanencia del abogado Fernando Javier García en el cargo de Subdirector Nacional de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia. Esta prórroga, que va desde el 11 de junio de 2025 hasta el 15 de diciembre de 2025, se justifica por la imposibilidad de tramitar el proceso de selección para cubrir el cargo de manera definitiva, una situación habitual en la administración pública. La medida asegura la continuidad en un área vital para los trámites vehiculares y crediticios, que afectan directamente a ciudadanos y empresas en todo el país.
Simultáneamente, se aprobó la prórroga de la designación transitoria de la señora Laura Beatriz Biotti como Coordinadora de la Coordinación de Asesoramiento Notarial de la Escribanía General del Gobierno de la Nación. Esta extensión abarca dos períodos: del 25 de septiembre de 2024 al 24 de junio de 2025, y luego del 25 de junio de 2025 al 30 de septiembre de 2025. Al igual que en el caso anterior, la justificación radica en la falta de un proceso de selección concluido, siendo una práctica común para mantener la operatividad de las áreas. La Escribanía General del Gobierno desempeña un rol crucial en el asesoramiento y la formalización de actos jurídicos del Estado, por lo que la continuidad de sus coordinaciones es fundamental.
Ambas decisiones se enmarcan dentro de las excepciones a las restricciones presupuestarias y de personal establecidas por decretos recientes, evidenciando la necesidad de sostener las funciones ejecutivas mientras se avanza en la regularización de los cargos. Los gastos derivados de estas prórrogas serán cubiertos con las partidas específicas del Ministerio de Justicia.
