¡Puerta cerrada en la Casa Rosada! Avalancha de rechazos a ascensos en el Estado

Una verdadera barrida en la burocracia estatal: el Presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó una docena de decretos que rechazan de plano recursos jerárquicos interpuestos por empleados públicos que buscaban ascender de nivel o ser reencasillados. Estas decisiones marcan un precedente claro sobre la rigidez en las promociones dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y otros regímenes.

¿Qué cambió exactamente?

Formalmente, no hay un cambio de normativa, sino una aplicación estricta y restrictiva de los requisitos ya existentes para la promoción de nivel o reencasillamiento en la planta permanente del Estado. Los empleados, muchos con años de experiencia y títulos universitarios, como abogadas y contadoras, apelaban a resoluciones previas que les negaban el ascenso. Sin embargo, el Gobierno Nacional, basándose en dictámenes de Comités de Valoración y la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), ratificó que las funciones desempeñadas por los recurrentes no cumplen con el 'grado de complejidad suficiente' o no son 'pertinentes' para el nivel escalafonario al que aspiraban. Incluso, en casos como el de Marcela Mariel Lamarque, se desestimaron argumentos de 'trato desigual' respecto a otros agentes que sí habrían logrado ascensos en condiciones similares, alegando que la evaluación es sobre el perfil individual.

"El análisis jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia", cita la Procuración del Tesoro de la Nación, blindando las decisiones técnicas.

¿Cómo afecta a la sociedad y a los empleados?

Para los empleados públicos, esto significa un portazo a sus aspiraciones de carrera dentro de la administración. La vía administrativa queda agotada, y la única opción que les resta es iniciar una acción judicial en un plazo de 180 días hábiles. Esta situación genera incertidumbre y frustración en la planta permanente, que ve limitadas sus posibilidades de crecimiento y reconocimiento de su experiencia y formación.

Para el ciudadano común, la medida puede interpretarse como una señal de control y ajuste en el gasto público, buscando una estructura estatal más eficiente y menos propensa a promociones 'automáticas'. Sin embargo, también abre el debate sobre la valoración del capital humano dentro del Estado y la equidad en las oportunidades de desarrollo profesional. La interpretación de la ONEP, que en algunos casos mencionó que las tareas podrían ser desempeñadas en un nivel superior "a futuro" con un incremento de responsabilidad, autonomía y complejidad, choca con la realidad de los rechazos actuales que exigen reunir los requisitos en el preciso momento de la postulación.

Información de valor para el lector:

• Si sos empleado público y te negaron un ascenso, estos decretos refuerzan la postura de la administración de aplicar criterios muy estrictos. La vía judicial es la única que queda.
• El Gobierno busca un perfil de empleado público muy específico para los niveles superiores, priorizando la 'complejidad' y 'pertinencia' de las funciones sobre la antigüedad o incluso ciertos títulos.
• Estén atentos a futuras resoluciones que puedan clarificar o modificar los criterios de evaluación, aunque por ahora, la tendencia es a la rigidez.

Citas relevantes:

• La Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido: “Tratándose de cuestiones técnicas, el análisis jurídico debe realizarse de conformidad con los informes de los especialistas en la materia de que se trate.”

Contradicciones o inconsistencias:

• La Oficina Nacional de Empleo Público, en algunos casos, reconoció que las tareas podrían ser desempeñadas en un nivel superior a futuro, pero el rechazo se basa en no cumplir los requisitos en el momento de la postulación, lo que genera una tensión entre el potencial y la evaluación actual.
• Varios recurrentes mencionaron la existencia de 'antecedentes' de agentes en situaciones idénticas que sí accedieron al nivel solicitado, lo que la administración desestima argumentando un 'análisis individual'.