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El Gobierno Nacional hizo lugar parcialmente a un recurso jerárquico de un ex Soldado Conscripto VGM, modificando la fecha de retroactividad para el pago de su pensión graciable. La medida establece el derecho a cobrar desde febrero de 2020, aplicando el plazo de prescripción del Código Civil y Comercial.
El Boletín Oficial publicó un decreto que resuelve el reclamo del ex Soldado Conscripto “VGM” Carlos Benjamín DO SANTOS, quien había impugnado la fecha de inicio de su pensión graciable de la Ley N° 24.310. Inicialmente reconocida a partir del 18 de febrero de 2022, el excombatiente solicitaba la retroactividad al 24 de enero de 1994.
Tras analizar el recurso jerárquico, el Poder Ejecutivo hizo lugar parcialmente a la pretensión. La decisión, basada en dictámenes jurídicos que consideran precedentes judiciales y el artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece que el pago del beneficio deberá reconocerse con retroactividad al 18 de febrero de 2020.
La medida no altera la fecha de otorgamiento original de la pensión, sino que ajusta el período de retroactividad de los pagos adeudados. Esto implica que el beneficiario recibirá un monto mayor al inicialmente previsto, cubriendo dos años adicionales de la pensión. La justificación de esta decisión radica en la necesidad de armonizar criterios entre los órganos del Estado y evitar litigios judiciales que, según los antecedentes, podrían resultar desfavorables para el erario público.
Para el ciudadano común, esta resolución destaca la importancia de conocer los plazos de prescripción establecidos en la normativa vigente, como el Código Civil y Comercial, que en estos casos es de dos años. También subraya la posibilidad de agotar las instancias administrativas y, en caso de disconformidad, recurrir a la vía judicial, para lo cual se otorgan 180 días hábiles.
Este tipo de resoluciones, aunque individuales, sienta un precedente sobre la interpretación y aplicación de las leyes de pensiones para veteranos de Malvinas, ajustándose a los criterios de prescripción y evitando la judicialización de casos con pronóstico desfavorable para el Estado.
