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María Laura Pérez, personal de gabinete del Patronato de Liberados Bonaerense, verá reducida drásticamente su remuneración modular a partir de abril de 2026. ¿Ajuste encubierto o readecuación de funciones?
En un movimiento administrativo que afecta directamente el bolsillo de una funcionaria, el Patronato de Liberados Bonaerense ha resuelto modificar la cantidad de módulos asignados a María Laura PÉREZ (D.N.I. N° 40.716.770, Clase 1997), quien se desempeña como personal de gabinete del Presidente del organismo. A partir del 1° de abril de 2026, Pérez pasará de percibir dos mil ciento cincuenta (2150) módulos mensuales a mil trescientos cincuenta (1350), una reducción significativa en su remuneración.
La Resolución N° 81-PALB-2026 justifica esta readecuación en el marco del régimen modular aprobado por Decreto N° 1278/16, y se apoya en la Ley N° 10.430 (Texto Ordenado por Decreto N° 1869/96), modificada por la Ley N° 14.815 y sus prórrogas, y su Decreto Reglamentario N° 4161/96. Aunque el documento indica que la readecuación fue "solicitada" mediante una nota, el impacto en el salario de la agente es innegable.
Para María Laura Pérez, esta medida representa una pérdida directa en su ingreso mensual, lo que podría afectar su economía personal. Para el organismo, se trata de una reorganización interna de sus recursos humanos y presupuestarios. Si bien es un caso particular, este tipo de ajustes de módulos puede ser una señal de políticas de austeridad o redefinición de roles dentro de la administración pública. Es un recordatorio de la flexibilidad que tienen las estructuras modulares para la asignación de salarios, que pueden variar según decisiones internas o modificaciones de la normativa.
"Cada módulo representa un valor económico. Una reducción de esta magnitud, aunque sea para un solo agente, genera un precedente y pone en alerta al personal sobre posibles futuros ajustes", comentó una fuente cercana al organismo.
Los empleados públicos deben estar atentos a estas resoluciones, ya que demuestran cómo las normativas vigentes, como la Ley N° 14.815, permiten al Estado realizar ajustes salariales basados en readecuaciones de cargos o políticas de gestión de personal. Es crucial para los afectados comprender las bases legales de estas decisiones y buscar asesoramiento si lo consideran necesario.
