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La Secretaría de Energía ajusta las reglas de juego para las regalías hidrocarburíferas, endureciendo las multas por mora y redefine el programa de etiquetado de viviendas en un intento por 'sincerar' el sector y fomentar el ahorro energético.
La Secretaría de Energía no se anda con chiquitas y ha lanzado dos resoluciones que impactan de lleno en sectores clave de la economía argentina: el energético y el de la construcción. Por un lado, la Resolución 593/2024 mete mano en el espinoso tema de las regalías hidrocarburíferas, mientras que la Resolución 595/2024 recalibra el ambicioso "PROGRAMA NACIONAL DE ETIQUETADO DE VIVIENDAS" (PRONEV).
La 593/2024 es un llamado de atención para las empresas petroleras. Se sustituye el Artículo 13 de la Resolución N° 435/04, estableciendo nuevas y más "estables y representativas" tasas de interés por mora en el pago de regalías. A partir de ahora, cualquier pago atrasado devengará intereses a la tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Pero ¡ojo!, si la mora supera los 30 días, se aplicarán intereses punitorios equivalentes a dos veces y media esa tasa. Si la tasa del Banco Nación no se publica, se usará la tasa SOFR más OCHO (8) puntos porcentuales. Esto busca presionar a los permisionarios y concesionarios a cumplir a rajatabla, afectando directamente sus finanzas. Además, se modifican los anexos para la liquidación de regalías, buscando una cuantificación más precisa y ajustada a los nuevos Bancos de Calidad, una demanda de la ORGANIZACIÓN FEDERAL DE ESTADOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (OFEPHI). Esto podría traducirse en mayores ingresos para las provincias productoras, pero también en más presión para las operadoras.
Por otro lado, la Resolución 595/2024 actualiza el PRONEV, un programa vital para la eficiencia energética en viviendas. En un contexto de "situación crítica de operación por dos décadas de desfinanciamiento y desinversión" en el sector energético, y con una emergencia energética declarada hasta el 31 de diciembre de 2024, la eficiencia se vuelve un pilar fundamental. Esta medida busca "morigerar los impactos en los costos productivos y en los gastos de los hogares" frente al sinceramiento de tarifas y la reestructuración de subsidios. Se modifican los procedimientos y registros del programa, y se invita a provincias y CABA a adherir, con un plazo de 24 meses para adecuar los convenios existentes. Es un intento por impulsar un cambio estructural hacia un consumo más racional, lo que a largo plazo podría beneficiar a los ciudadanos con menores facturas y al país con una menor dependencia energética. Sin embargo, la implementación y el impacto real dependerán de la voluntad política y la capacidad de adaptación de los actores involucrados.
