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La Dirección Provincial del Registro de las Personas crea un nuevo "Registro de Empresas de Servicios Fúnebres", actualizando normativas, digitalizando procesos y estableciendo nuevas tasas anuales. Un cambio que impacta directamente en el sector y en los trámites de defunción.
Una bomba estalló en el sector funerario bonaerense. La Dirección Provincial del Registro de las Personas ha emitido la Disposición N° 1259-DPRDLPJAGGP-2025, que no solo crea un nuevo "REGISTRO DE EMPRESAS DE SERVICIOS FÚNEBRES", sino que también deroga normativas históricas y establece nuevas tasas anuales a partir de la Ley Impositiva 2026. ¡Un verdadero cimbronazo para quienes manejan los últimos adioses!
La medida, con fecha del 30 de diciembre de 2025, busca modernizar y optimizar los procedimientos de registración de defunciones. Se elimina la exclusividad y obligatoriedad del "Sistema de Ingreso de Trámites en Línea" para las empresas fúnebres, permitiendo que otros organismos también lo utilicen. Sin embargo, la letra chica viene con requisitos más estrictos para la inscripción o renovación anual en este nuevo registro: desde el DNI de los socios hasta la habilitación municipal vigente, y la denuncia de un correo electrónico para notificaciones.
El objetivo declarado es la "celeridad, la seguridad jurídica de los trámites y servicios". Pero la novedad más resonante es la introducción de una tasa anual por inscripción al Registro de Cocherías y otra por la "Adición de servicio anual a Plataforma Web de defunciones", establecidas por la Ley N° 15.558 (Ley Impositiva para el Ejercicio Fiscal 2026). Esto significa un costo adicional para las empresas, que seguramente se trasladará, de alguna forma, al bolsillo de los ciudadanos en momentos de duelo.
Las empresas tendrán hasta el 31 de marzo de 2026 (por única vez, luego será del 1 al 31 de enero de cada año) para presentar la documentación actualizada. Quienes no cumplan, serán suspendidos automáticamente del Registro, lo que podría paralizar su actividad. Además, se enfatizan las penalidades por incumplimiento, que van desde multas económicas hasta la posibilidad de acciones judiciales.
Esta disposición es un claro ejemplo de cómo la modernización y la búsqueda de eficiencia administrativa pueden venir acompañadas de una mayor regulación y nuevos costos. El "negocio de la muerte" se vuelve más formal, más digital y, al parecer, más caro para operar.
