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Un decreto explosivo del Poder Ejecutivo elimina el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y la Ley de Consultoría, buscando desregular y unificar el acceso a los contratos estatales. ¿Adiós a la burocracia, hola a la nueva era de la contratación pública?
El gobierno de Javier Milei ha lanzado un decreto de alto impacto (Decreto 105/2025) que promete una revolución en el sistema de contratación pública, eliminando normativas y registros que datan de hace décadas. La medida, enmarcada en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N° 27.742), busca una desregulación profunda y una mayor eficiencia administrativa, pero no está exenta de polémica.
¿Qué cambió exactamente?
La justificación oficial es clara: unificar los sistemas de inscripción y registro de quienes desean contratar con el Estado. Hasta ahora, existían múltiples regímenes superpuestos y redundantes, exigiendo la misma documentación varias veces. El decreto consolida todo en una única base de datos que será diseñada, implementada y administrada por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). Esto incluye tanto la obra pública como los servicios de consultoría y las concesiones de obras e infraestructuras públicas y servicios públicos.
¿Cómo afecta a la sociedad y las empresas?
El decreto se ampara en la emergencia pública en materia administrativa y económica declarada por la Ley N° 27.742, que delegó facultades al Poder Ejecutivo para "modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades" innecesarias.
El Presidente de la Nación, Javier Milei, junto a Guillermo Francos y Federico Adolfo Sturzenegger, firman este decreto que busca "suprimir barreras de entradas para la contratación pública y aliviar cargas para los particulares".
Análisis de las implicaciones: Esta medida es un paso audaz hacia una administración más "pro-mercado" y desregulada. Si bien la eliminación de burocracia es un objetivo loable, la clave estará en la reglamentación de la nueva base de datos única. ¿Será realmente más transparente y equitativa? ¿Se garantizará la competencia o se abrirán nuevas puertas a la discrecionalidad? Los ojos del sector de la construcción y la consultoría, así como de los organismos de control, estarán puestos en cómo se implementará este nuevo y controvertido régimen. El decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, pero su aplicación a nuevos procedimientos de selección dependerá de la futura reglamentación.
