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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desató una purga masiva, cancelando matrículas y retirando autorizaciones a más de 100 cooperativas y mutuales en todo el país. ¿Es una limpieza necesaria o un ataque al corazón de la economía social?
Un tsunami regulatorio arrasó con el sector de la economía social en Argentina. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha publicado avisos oficiales que confirman la cancelación de la matrícula a numerosas cooperativas y el retiro de la autorización para funcionar a decenas de mutuales. La medida, que impacta a entidades de casi todas las provincias, desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, pasando por Chaco, Corrientes, La Rioja y Santiago del Estero, representa un golpe sin precedentes para el sector.
Entre las damnificadas se encuentran cooperativas agrícolas, de trabajo, de vivienda, de consumo, de servicios públicos, y hasta mutuales de empleados públicos, docentes y del personal bancario. La lista es extensa y variada, abarcando desde la "COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA LEANDRO ALELM LTDA" en Buenos Aires, hasta la "COOPERATIVA DE TRABAJO, CONSUMO Y VIVIENDA SERVI- TREN LTDA" en Chaco, o la "ASOCIACIÓN MUTUAL DE EDUCADORES DE LA RIOJA".
Este accionar del INAES, amparado en resoluciones del año 2024, sugiere una fuerte política de saneamiento y control sobre el vasto universo de las entidades de la economía social. Si bien el objetivo oficial podría ser depurar el padrón de entidades inactivas o que incumplen la normativa, la magnitud de las bajas genera gran preocupación y debate.
"Queda debidamente notificada", sentencia el aviso, otorgando plazos para la interposición de recursos como Revisión, Reconsideración o Alzada. Sin embargo, para muchas de estas entidades, especialmente las de menor tamaño o con dificultades administrativas, este proceso podría ser el golpe final.
Las implicaciones son enormes: miles de asociados y trabajadores podrían ver afectadas sus fuentes de trabajo o servicios. Además, el mensaje del gobierno es claro: se acabó la laxitud en el control de estas organizaciones. Mientras algunos lo verán como un paso necesario para transparentar el sector y eliminar "sellos de goma", otros denunciarán una política de ajuste que debilita el entramado social y económico de base. Es imperativo que el INAES brinde la mayor claridad posible sobre los motivos específicos de cada baja y las vías de regularización o defensa para evitar un desgarro mayor en el tejido social.
