¡REVOLUCIÓN EN LOS GABINETES! El Estado ajusta las billeteras de sus funcionarios

La Administración Pública Nacional sigue bajo la lupa del ajuste. A través de la Decisión Administrativa 4/2026, se modifican aspectos cruciales de la Decisión Administrativa N° 7/2025, que rige la asignación de unidades retributivas para los gabinetes de las autoridades superiores. En criollo: se está redefiniendo cuánto y cómo se paga al personal de confianza de los altos cargos, incluyendo al Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros y Secretarios de la Presidencia.

¿Qué cambia y a quién afecta?

Este nuevo esquema establece que la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la encargada de fijar, al inicio de cada ejercicio presupuestario, los rangos de dotación de personal (permanente, transitorio y de gabinete) para cada Ministerio y Secretarías. Esto significa un mayor control y flexibilidad para el Ejecutivo en la conformación de sus equipos, con el objetivo declarado de adecuar las estructuras a la "reestructuración efectuada en la Administración Pública Nacional".

El cambio es significativo porque impacta directamente en la capacidad de los funcionarios para armar sus equipos y en la masa salarial del Estado. La idea es que, ante modificaciones importantes o transferencias de personal entre jurisdicciones, se revise y ajuste el rango de dotación, buscando una gestión más eficiente y menos burocrática. Es una señal clara de la búsqueda de un Estado más ágil y con menos "cargos políticos", aunque habrá que ver cómo se traduce esto en la práctica y si realmente genera el ahorro esperado o si solo es una reasignación de partidas.

"Cuando en el transcurso de un ejercicio presupuestario se produjeran modificaciones significativas o de transferencia de dotación entre distintas Jurisdicciones, deberán tomar intervención las áreas correspondientes... con el fin de determinar el rango de dotación correspondiente."

Esta medida refleja una tendencia hacia la desregulación y la eficiencia en la gestión del empleo público, buscando que el gasto en personal se ajuste de manera más dinámica a las necesidades y prioridades del Gobierno. Un paso más en la transformación del Estado.