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El Ministerio de Salud deroga una resolución anterior y aprueba nuevas "Normas Mínimas" para habilitar establecimientos de salud mental, buscando simplificar procesos y adaptarlos a un modelo comunitario.
El Ministerio de Salud de la Nación ha puesto en marcha una reforma profunda en la regulación de los servicios de salud mental y consumos problemáticos. A través de la Resolución 441/2026, se deroga la anterior Resolución N° 6155/2024 y se aprueban nuevas "Normas Mínimas para Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud Mental y Consumos Problemáticos". Esta movida busca, según el propio Ministerio, "simplificar los requisitos a los fines de obtener la habilitación correspondiente, sin que esto importe un menoscabo a la Salud Pública".
La medida representa un esfuerzo por adaptar el marco normativo a los principios de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que promueve un abordaje integral, interdisciplinario e intersectorial, preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un modelo de atención basado en la comunidad. Esto significa un impulso a dispositivos como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral, atención domiciliaria, casas de convivencia y hospitales de día. La simplificación de los trámites de habilitación podría facilitar la apertura de estos centros, aumentando la oferta de servicios y el acceso de la población a un modelo de atención más humano y cercano.
El Ministerio subraya que busca "proteger los derechos y garantías previstos en los artículos 14, 17 y 19 de la Constitución Nacional" y se enmarca en la Ley N° 27.742 de Bases y Punto de Partidas para la Libertad de los Argentinos. Es un mensaje claro hacia una desburocratización que, se espera, no comprometa la calidad y la seguridad de la atención. Es importante destacar que los establecimientos ya habilitados con anterioridad a esta resolución no sufrirán modificaciones en su habilitación, y las solicitudes en trámite se regirán por la norma vigente al inicio. Esto busca evitar interrupciones y asegurar una transición ordenada hacia el nuevo paradigma. La implementación de estas normas será clave para ver si la simplificación logra su objetivo de mejorar el acceso y la calidad de la salud mental en Argentina, o si genera nuevos desafíos en la fiscalización.
