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La Secretaría de Agricultura unifica normativas, elimina trabas burocráticas y le da a los productores la "libertad" para cosechar y empacar, buscando impulsar las exportaciones y la competitividad del sector. Un cambio histórico que promete sacudir el mercado.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha dado un golpe de timón en la regulación del sector frutícola. La Resolución 22/2025 deroga y unifica viejas normativas (¡algunas de 1965!) que regían la producción, tipificación, empaque y certificación de calidad de frutas. El cambio más resonante es la "libertad de cosecha" para el productor, quien ahora podrá decidir el momento óptimo para recolectar su fruta, siempre y cuando se respeten los estándares de madurez y calidad para el destino final. Además, se eliminan requisitos "innecesarios" en materia de envases, considerados hasta ahora una "traba burocrática" que frenaba la competitividad.
Para el mercado interno, la clasificación de frutas podrá seguir las pautas del Código Alimentario Argentino, mientras que para la exportación se exigirá cumplir con los requisitos del país de destino y el certificado fitosanitario, que ahora se tramitará por autogestión vía Trámites a Distancia (TAD).
Esta medida es un terremoto para productores y empacadores de frutas. Promete mayor agilidad y eficiencia, reduciendo costos asociados a burocracia y normativas de empaque obsoletas. Los exportadores tendrán un camino más claro al depender directamente de los requisitos de sus mercados externos, lo que podría abrir nuevas oportunidades. Para el consumidor interno, la normativa busca mantener los estándares de calidad, aunque la "libertad de cosecha" genera interrogantes sobre la homogeneidad en el punto de venta. En teoría, el objetivo es potenciar la capacidad exportadora argentina y mejorar la rentabilidad del sector, pero la flexibilidad también implica una mayor responsabilidad para los actores.
La normativa anterior, con décadas de antigüedad, era vista como un corsé que impedía al sector frutícola adaptarse a las dinámicas del comercio internacional y a las innovaciones productivas. El gobierno actual busca una administración más eficiente y menos intervencionista, y esta resolución es un claro ejemplo de esa filosofía aplicada a un sector clave de la economía regional. La unificación de cuatro resoluciones en un solo cuerpo normativo simplifica el marco legal.
Esta desregulación es una apuesta fuerte. Por un lado, puede liberar el potencial exportador y la innovación en el sector, dándole más poder de decisión al productor. Por otro, la eliminación de ciertos controles podría generar desafíos en la fiscalización y en la garantía de calidad si no se implementan mecanismos de control efectivos. La clave estará en cómo se equilibra la "libertad" con la necesidad de mantener la reputación de la fruta argentina en los mercados internacionales y la confianza del consumidor local.
"El objetivo es alcanzar una administración pública al servicio de los ciudadanos en un marco de eficiencia, eficacia y calidad", reza uno de los considerandos de la resolución, marcando la impronta de la medida.
Para el ciudadano común: La fruta argentina podría ser más competitiva y variada en el futuro, pero es clave que los controles de calidad no se relajen.
Para estar informado: Productores y exportadores deben seguir de cerca las publicaciones del SENASA y la Secretaría de Agricultura para cualquier aclaración o ajuste en la implementación de esta nueva reglamentación.
