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El IPS de Buenos Aires ajusta las tuercas para los empleadores, estableciendo un nuevo protocolo de registro y declaración jurada para quienes se suman al régimen previsional. Un control más estricto que llega con asistencia técnica para evitar el caos.
El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha lanzado una serie de directrices que impactan directamente en la forma en que los empleadores gestionan las obligaciones previsionales. La Disposición N° 1-DRYFIPS-2026, publicada en el Boletín Oficial, detalla las condiciones para el alta en los registros del IPS de aquellos empleadores que se incorporan al Régimen Previsional por la reciente modificación del artículo 2° del Decreto-Ley 9650/80 (impulsada por la Ley 15.557, artículo 59).
La medida establece que los empleadores deberán registrarse en el Registro Único Permanente de Afiliados (RUPA), presentando la documentación requerida de forma presencial o por correo electrónico. Esto afecta a una amplia gama de entidades: entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas y sociedades con capital mayoritario provincial, SAPEM, y una atención especial para el personal docente de materias extracurriculares y no docente de establecimientos educativos de gestión privada.
Los plazos son estrictos: antes del día diez (10) del mes siguiente al devengamiento de cualquier remuneración, se deben practicar los descuentos, liquidar las contribuciones y depositar los importes en las Cuentas Fiscales recaudadoras del IPS. La presentación de las declaraciones juradas mensuales será a través de RUPA DDJJ como mecanismo oficial, aunque se prevé un procedimiento de declaración jurada provisoria para facilitar la transición de los nuevos empleadores.
Para aliviar la carga, el IPS ha habilitado una mesa de ayuda y asistencia técnica a través del Departamento RUPA (rupa@ips.gba.gov.ar). Esta disposición busca ordenar el sistema previsional, garantizando que todos los nuevos afiliados y sus empleadores cumplan con las obligaciones establecidas, aunque implica una mayor burocracia y control para el sector empleador.
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