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Un DNU explosivo disuelve la AGP SAU y la Subsecretaría de Puertos, creando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para centralizar el control y la fiscalización. ¿El objetivo? Menos burocracia, más eficiencia y una ambiciosa apuesta por la inversión privada en un sector clave.
El Gobierno ha lanzado una verdadera bomba en el sector portuario y de vías navegables con la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 3/2025. Esta medida, que se inscribe en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, tiene un objetivo claro: simplificar drásticamente la estructura del Estado y eliminar la "duplicación de esfuerzos y recursos" que, según el Ejecutivo, impactaba negativamente en la eficiencia del sector.
El DNU dispone la supresión de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la disolución y liquidación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU). Esta última, que recientemente se había transformado en SAU tras el mega DNU 70/23, ahora desaparece por completo. El Gobierno denuncia un "sobredimensionamiento" de su estructura y planta de personal, que generaba "importantes costos" y requería "aportes del tesoro" a pesar de sus propios ingresos. ¡Se acabó la fiesta para la burocracia estatal!.
En su lugar, se crea la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), un ente autárquico que operará bajo la órbita del Ministerio de Economía. La ANPYN se convierte en la única Autoridad Portuaria Nacional, absorbiendo todas las competencias y responsabilidades de los organismos disueltos. Esto incluye, de forma transitoria, el rol de concesionario de la Vía Navegable Troncal hasta que se adjudique la licitación pública en curso.
Las funciones de la ANPYN son ambiciosas: asesorar en habilitación de puertos, controlar el cumplimiento de normativas, promover la modernización y la inversión privada, fijar políticas generales, coordinar organismos de supervisión y control, y ejercer la responsabilidad primaria en materia ambiental. En un punto clave, se le otorgan facultades para promover la asociación público-privada y la inversión en infraestructura logística, buscando reducir los costos del transporte multimodal y mejorar la competitividad del comercio exterior.
El Decreto 5/2025 complementa esta reforma designando al Magíster Iñaki Miguel Arreseygor (D.N.I. N° 33.079.901) como el primer Director Ejecutivo de la ANPYN, por un período de cuatro años. Su nombramiento es un indicio de la celeridad con la que el Gobierno busca implementar esta radical transformación.
Para el ciudadano, esta reforma promete una gestión portuaria más ágil y eficiente, con potencial para impactar positivamente en los costos de los productos y la fluidez del comercio. Sin embargo, también implica la reestructuración de personal y el fin de una era de intervención estatal directa en un sector estratégico. La medida es un claro reflejo de una política pro-mercado y desreguladora, que busca un Estado más chico y enfocado en facilitar la inversión privada.
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