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El Ministerio de Economía ajusta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), permitiendo a los inversores acceder a beneficios aduaneros desde la solicitud y estableciendo un control mensual estricto sobre los planes de inversión.
El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1358/2024, introduce cambios cruciales en la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las apuestas fuertes del gobierno para atraer capitales. La medida busca despejar el camino para los grandes proyectos, permitiendo que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) accedan a beneficios aduaneros, como la exención de IVA y otros tributos, desde el mismo momento en que presentan su solicitud de adhesión al RIGI. Esto es un cambio radical, ya que antes debían esperar la aprobación formal, lo que generaba incertidumbre y demoras. Sin embargo, este "adelanto" viene con una condición: los inversores deberán constituir una garantía que será ejecutada en caso de que su solicitud sea rechazada.
El RIGI fue creado por la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, buscando ofrecer estabilidad y seguridad jurídica para atraer inversiones masivas. La reglamentación inicial del decreto 749/2024 y la resolución 1074/2024 ahora se afinan para acelerar su puesta en marcha.
Para las grandes empresas, especialmente aquellas con proyectos de inversión intensivos en capital y que requieren importación de bienes, esta modificación es una excelente noticia. Reduce la burocracia y los costos iniciales, facilitando el inicio de sus operaciones. Para el Estado, implica un riesgo si las solicitudes son rechazadas, pero la exigencia de garantías busca mitigar ese riesgo.
Se busca enviar una señal clara de facilitar la inversión, aunque a la vez se establece un control más estricto sobre la ejecución de los planes de inversión. Los VPU deberán presentar mensualmente, con carácter de declaración jurada, el cronograma actualizado de inversiones proyectadas y ejecutadas. Esto podría generar una carga administrativa adicional, pero es fundamental para la transparencia y el seguimiento de los compromisos de inversión. Además, se reafirman los mecanismos de resolución de disputas, incluido el "Panel RIGI", reforzando la seguridad jurídica.
