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El Gobierno bonaerense, a través del IPAYC, desembolsa casi $8.5 millones en subsidios directos para cooperativas. ¿Fomento productivo o clientelismo encubierto? Dos empresas obtienen fondos cruciales para trámites contables y maquinaria industrial, generando debate sobre la asignación de recursos.
La Provincia de Buenos Aires, a través de su Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAYC), ha puesto en marcha un agresivo plan de subsidios que inyectará casi 8.5 millones de pesos en el sector cooperativo. Bajo el paraguas del Programa “Cooperativas en Marcha”, dos resoluciones recientes (N° 56 y N° 57-IPAYCMPCEITGP-2026) confirman la entrega de fondos significativos, levantando tanto aplausos como cejas sobre la transparencia y el impacto real de estas medidas.
La Cooperativa de Trabajo ANTU SERRANO Limitada (CUIT 30-71830567-1), con base en Tandil, se lleva un jugoso subsidio de $824.594,00. ¿El destino? Ni más ni menos que solventar el armado, certificación y presentación de su balance cerrado al 30/06/2025. Una ayuda vital, según el IPAYC, para que estas entidades puedan regularizar su situación administrativa y contable, un escollo frecuente que las deja al margen del sistema productivo formal. Este apoyo se enmarca en el subprograma “Cooperativas al día”, diseñado para el acompañamiento técnico y asistencia legal.
Pero la cifra que realmente hace ruido es la destinada a la COOPERATIVA DE TRABAJO ATEX (ABANICO TEXTIL) LIMITADA (CUIT 30-71690100-5), de Tornquist, que recibirá nada menos que $7.700.000,00. Este monto millonario tiene un objetivo más ambicioso: la adquisición de maquinaria industrial. Integrado en el subprograma “Impulso Cooperativo”, busca fortalecer socio-económicamente a las cooperativas de trabajo, financiando proyectos que impulsen su producción y comercialización.
Estas resoluciones se basan en el Decreto N° 124/23, que aprueba el Reglamento General para el Otorgamiento de Subsidios, y en la Resolución N° 160/24, que relanzó el programa "Cooperativas en Marcha". La justificación oficial es clara: promover el trabajo y la producción cooperativa, fortaleciendo su rol social y económico. Sin embargo, la magnitud de los montos y la naturaleza de algunos gastos (como los honorarios contables) abren el debate sobre si estos fondos están realmente impulsando la competitividad o simplemente parchando deficiencias estructurales con dinero público.
Ambas cooperativas deberán rendir cuentas documentadas de la utilización de los fondos en un plazo máximo de 180 días, una condición estándar pero cuya fiscalización efectiva siempre es un punto de atención. Para los ciudadanos comunes, estas medidas significan que parte de sus impuestos se destina a sostener y potenciar el sector cooperativo, con la esperanza de que esto se traduzca en más empleo y producción local.
