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La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el Ministerio de Defensa endurecen los controles sobre las indemnizaciones por las explosiones de Río Tercero, buscando "economía, eficiencia y eficacia" en un proceso sensible que lleva décadas.
Las heridas de las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero en 1995 aún no cierran, y el proceso de indemnización sigue siendo un tema delicado. Ahora, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), mediante la Resolución 148/2026, puso la lupa sobre el control de estos pagos, buscando optimizar la gestión de los fondos públicos.
La Ley N° 27.179 estableció un régimen de indemnización para las víctimas que reclamaban judicialmente. El Ministerio de Defensa, como autoridad de aplicación, había creado una Comisión de Trabajo y un procedimiento específico. Este procedimiento, en su inciso h), obligaba a la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio a remitir las actuaciones a SIGEN para cumplimentar la cancelación con Bonos de Consolidación.
La SIGEN, amparándose en la Ley N° 24.156 que la obliga a un modelo de control basado en "economía, eficiencia y eficacia", decidió establecer "Lineamientos para la intervención de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN y de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE DEFENSA en los expedientes administrativos por los que tramite el resarcimiento previsto en la Ley N° 27.179". En buen criollo, esto significa que, existiendo ya la intervención de la UAI del Ministerio de Defensa, la SIGEN busca racionalizar su propia intervención, evitando duplicidades y agilizando el control sin perder rigurosidad.
La medida, que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, apunta a una optimización burocrática en un tema que ha generado un enorme gasto y litigiosidad. Si bien no modifica el derecho a la indemnización, sí busca que la administración de esos pagos sea lo más transparente y eficiente posible, evitando dilaciones y garantizando el buen uso de los recursos del Estado. Una jugada que, si bien es administrativa, toca una fibra sensible de la historia argentina y la relación entre el Estado y sus ciudadanos.
