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La Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario comenzó un procedimiento de protección excepcional urgente para Génesis Ailyn Ferreyra y Salina Benjamin Ian.
La Dirección Provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, emitió la Disposición Administrativa N° 16/26, con fecha 15 de mayo de 2026. Esta disposición da inicio a un procedimiento de adopción de Medida de Protección Excepcional de Derechos Urgente para Génesis Ailyn Ferreyra (DNI N.º 52.634.788) y Salina Benjamin Ian (DNI N.º 54.507.479).
El edicto notifica al Sr. Flavio Fernando Ferreyra (DNI N.º 26.512.646), progenitor de Génesis, quien tiene domicilio desconocido. La medida se ordena conforme a lo establecido en el art. 58 bis de la Ley Nª 12.967 y su modificatoria Nª 13.237. Génesis Ailyn Ferreyra, de 13 años, es hija de Daiana Soledad García (DNI 38.450.892) y Flavio Fernando Ferreyra. Salina Benjamin Ian, de 10 años, es hijo de Daiana Soledad García y Javier Aramando Salina (DNI 34.045.282).
La disposición busca el alojamiento de ambos menores dentro del Sistema de Protección y Promoción de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, para asegurar la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos y garantías. Se establece que, para resguardar la integridad psicofísica de los adolescentes, no podrán mantener contacto alguno con sus progenitores ni egresarlos del cuidado de quien los aloje, hasta que la Delegación Regional disponga lo contrario o lo autorice expresamente. Se concede un plazo de cinco días hábiles para reunir pruebas e informes necesarios.
Esta medida refleja el compromiso del Estado en la protección de los derechos de la niñez, especialmente en situaciones de urgencia. Para los ciudadanos, es importante conocer los mecanismos legales que permiten estas intervenciones y los derechos que asisten a las partes involucradas. Los responsables de los menores tienen derecho a asistencia letrada y a interponer un recurso de revocatoria contra la decisión administrativa, garantizando así un control de legalidad y la posibilidad de revisión de la medida adoptada.
