Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei, oficializa nuevas designaciones transitorias. ¿Se consolida la estructura o se abren nuevas incógnitas en la gestión pública?
El Boletín Oficial de hoy nos trae un trío de resoluciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación que confirman nuevas designaciones transitorias en puestos clave. En un movimiento que, para algunos, busca consolidar la estructura gubernamental y, para otros, levanta cejas sobre la estabilidad del empleo público, se nombran a Ana Gimena Fernandez (D.N.I. N° 26.523.340) como Coordinadora de Administración de Comunicación y Medios, a la Arquitecta María Elena MAZZANTINI (D.N.I. N° 12.779.996) como Directora de Patrimonio, y al licenciado Darío Guido, PAOLINI (D.N.I. N° 23.780.412) como Director de Seguridad Informática.
Estas designaciones, con carácter transitorio por Ciento Ochenta (180) días hábiles, son una constante en la administración pública. Lo llamativo es que se autoriza el pago de un Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III o IV y se efectúan con carácter de excepción respecto a las disposiciones del artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SINEP. Esto implica que se saltean los procesos de selección ordinarios, aunque la normativa exige que los cargos se cubran por concurso dentro de ese mismo plazo.
Desde el 1° de septiembre de 2024 para Fernandez, el 1° de octubre de 2024 para Mazzantini, y el 1° de agosto de 2024 para Paolini, estos funcionarios asumieron roles estratégicos. La justificación es la necesidad de cubrir vacantes y la no asignación de 'recurso extraordinario', lo que sugiere que los puestos ya estaban presupuestados. La medida se enmarca en decretos recientes que otorgan facultades para estas designaciones transitorias a los Secretarios de la Presidencia de la Nación.
Para el ciudadano común, estos nombramientos son pequeñas piezas en el gran engranaje estatal, pero reflejan la dinámica de cómo se ocupa el poder y se gestiona la burocracia. La excepción a las normas de SINEP, aunque legalmente permitida en ciertas circunstancias, siempre genera debate sobre la meritocracia y la transparencia en el ingreso a la función pública. Estar atentos a si estos cargos se concursan efectivamente en el plazo establecido será clave para entender la verdadera política de empleo del gobierno.
