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La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo da luz verde a la adhesión de empresas textiles a acuerdos marco para suspender personal con pagos no remunerativos, buscando preservar fuentes de empleo en un sector golpeado.
La industria textil argentina sigue en la cuerda floja, y el Gobierno nacional acaba de tirar un salvavidas crucial para evitar un desastre mayor. La Disposición 768/2025 del Ministerio de Capital Humano homologa las adhesiones de varias empresas textiles a acuerdos marco que permiten la suspensión de personal bajo el Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esto significa que, en lugar de despidos, los trabajadores afectados podrán ser suspendidos temporalmente, recibiendo una prestación no remunerativa. Si bien implica una reducción de ingresos para los empleados, la medida busca un objetivo mayor: preservar las fuentes de trabajo en un sector históricamente sensible y actualmente muy castigado.
Este tipo de acuerdos, que ya tienen antecedentes durante la pandemia de COVID-19, reflejan la gravedad de la emergencia económica y sanitaria que aún resuena en algunos rubros. La Disposición destaca la necesidad de un 'esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas' –empleadores, trabajadores, sindicatos y Estado– para afrontar el contexto actual.
Para los ciudadanos, es un recordatorio de que la crisis económica sigue golpeando fuerte en industrias manufactureras clave. La medida, aunque temporal y de emergencia, es un termómetro de la situación y una señal de que el Estado interviene para amortiguar el impacto social. Es fundamental que los trabajadores afectados estén informados sobre sus derechos y las condiciones específicas de estas suspensiones para evitar abusos.
"La prioridad es mantener los puestos de trabajo en un momento tan delicado para nuestra industria", podría ser la voz de un empresario textil, subrayando la difícil situación del sector.