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El Gobierno confirmó un **aumento del 4%** en las tarifas de transporte de energía eléctrica para enero de 2025, buscando "mantener los precios en valores reales". ¿Otro ajuste para sostener el sector o un nuevo peso para los usuarios?
¿Qué cambió? El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó un incremento del CUATRO POR CIENTO (4%) en los valores horarios para el equipamiento regulado de las transportistas de energía eléctrica TRANSNOA S.A. (Noroeste Argentino) y TRANSCOMAHUE S.A. (Comahue). Esta medida, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2025, también incluye la aprobación del promedio de sanciones mensuales históricas para ambas empresas.
¿Cómo afecta a la sociedad/empresas/individuos? Este ajuste en el eslabón del transporte de la cadena eléctrica impactará directamente en el costo final de la energía. Si bien el aumento del 4% se aplica sobre la tarifa de transporte, es un componente que se traslada a los distribuidores y, eventualmente, al consumidor final. Las empresas y los hogares verán cómo la factura de electricidad sigue escalando, en un contexto ya de por sí inflacionario y de emergencia económica.
Contexto y antecedentes: La decisión surge de una instrucción directa del Ministerio de Economía, que el 23 de diciembre de 2024 señaló la necesidad de "continuar con el sendero de actualización de precios y tarifas" para el sector energético. El objetivo declarado es
“...a fin de mantener los precios y tarifas del sector en valores reales lo más constantes posibles, y de evitar así un proceso de deterioro de los mismos que no permitan el sustento del sector y hasta amenacen su continuidad…” Esta política se enmarca en la emergencia del sector energético nacional, declarada por el Decreto N° 55/2023 y prorrogada hasta el 9 de julio de 2025 por el Decreto N° 1023/2024.
Análisis de las implicaciones: La medida refleja la postura del gobierno de ajustar las tarifas para reducir subsidios y asegurar la sostenibilidad de las empresas del sector. Sin embargo, genera preocupación entre los usuarios, que ya enfrentan un escenario económico complejo. La presión sobre los costos operativos de las empresas se intensificará, y el impacto en el poder adquisitivo de los hogares será palpable. La justificación de evitar el "deterioro" del sector contrasta con la capacidad de pago de los ciudadanos, generando una contradicción tácita entre la necesidad de sostener a las empresas y la realidad económica de las familias.
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