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El Ministerio de Transporte bonaerense rectificó imputaciones a empresas y particulares por realizar servicios intercomunales sin habilitación, ajustando responsabilidades y normativas aplicables en dos expedientes clave.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a través de su Dirección Provincial de Fiscalización, publicó dos disposiciones que rectifican imputaciones por la realización de servicios de transporte de pasajeros intercomunales sin la debida autorización. Estos actos administrativos, que son parte de la rutina de control y fiscalización, buscan asegurar la correcta aplicación de la normativa vigente.
En un primer expediente (EX-2025-32476200-GDEBA-DSTECMTRAGP), se había imputado inicialmente a la empresa TURISMO TANGO SRL por realizar servicios intercomunales sin autorización con un vehículo que transportaba doce pasajeros. Sin embargo, tras consultas en la base de datos de la DNRPA, se constató un error en la identificación del titular de la unidad. La titularidad correspondía en un 100% a la Sra. Ferrando Sabrina Marisol (DNI 36.156.571).
En consecuencia, se dejó sin efecto la imputación a Turismo Tango SRL y se imputó la infracción prevista en el artículo 211 del Decreto N° 6864/58 a Ferrando Sabrina Marisol, otorgándole un plazo de diez días hábiles para ejercer su derecho de defensa.
En un segundo expediente (EX-2025-04440045-GDEBA-DSTECMTRAGP), la empresa AUTOTRANSPORTES CERES SRL fue imputada por realizar servicios intercomunales sin autorización con un vehículo que transportaba 44 pasajeros. Si bien la unidad no poseía antecedentes de autorización para ese tipo de servicio, se verificó que el titular sí contaba con habilitación para servicios de excursión categoría (B) EA1713.
Ante esta situación, se decidió dejar sin efecto la imputación inicial y se procedió a imputar a Autotransportes Ceres SRL por las infracciones establecidas en los artículos 250 y 315 del Decreto N° 6864/58, ajustando el encuadre normativo a la situación real de la habilitación parcial de la empresa.
Estos casos demuestran la importancia de la fiscalización constante en el transporte público y la necesidad de una correcta identificación de los responsables y la aplicación precisa de la normativa para garantizar la seguridad y legalidad de los servicios.
Para los ciudadanos, estas medidas refuerzan el control sobre los servicios de transporte, buscando que operen bajo las habilitaciones correspondientes. Para las empresas del sector, subraya la relevancia de mantener toda la documentación y autorizaciones en regla y de conocer el alcance de sus habilitaciones para evitar sanciones.
