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Después de un laberinto burocrático y múltiples prórrogas, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires finalmente aprueba los convenios de habilitación y fiscalización del transporte escolar con Esteban Echeverría y San Isidro. ¿Se acaba la incertidumbre para padres y transportistas?
La novela del transporte escolar en la Provincia de Buenos Aires parece llegar a un capítulo decisivo. Tras años de idas y vueltas normativas, derogaciones y, sobre todo, un sinfín de prórrogas, el Ministerio de Transporte bonaerense ha dado un paso clave: aprobó los convenios con las Municipalidades de Esteban Echeverría y San Isidro para la habilitación, fiscalización y control de este servicio tan sensible.
Desde el lejano Decreto N° 6.864/58, la regulación del transporte escolar ha sido un campo de batalla legal. La normativa ha mutado con resoluciones como la N° 29/17, N° 33/17, N° 37/17, y N° 4/18, todas buscando ordenar un servicio vital para la seguridad de los estudiantes. La Resolución N° 122/18, que estableció el marco regulatorio actual y un nuevo modelo de convenio, invitó a los municipios a adherir, pero la pandemia de COVID-19 y la lentitud burocrática llevaron a sucesivas prórrogas hasta el 31 de diciembre de 2022.
La inacción de muchos municipios generó un limbo legal, donde la falta de convenios podía acarrear graves sanciones. Ahora, la aprobación de los acuerdos con Esteban Echeverría y San Isidro en el ciclo lectivo 2025 marca un precedente y una señal clara: la provincia busca poner fin a la anarquía en el sector.
Para los padres, esta medida debería traer mayor tranquilidad. Un marco regulatorio claro y la fiscalización municipal significan mayor control sobre las condiciones de los vehículos y la idoneidad de los transportistas, algo fundamental para la seguridad de los chicos. Para las empresas de transporte escolar, aunque implica adaptarse a un régimen más estricto, también significa una mayor formalización y estabilidad en el sector, eliminando la competencia desleal de aquellos que operaban en la informalidad.
Es crucial que el resto de los municipios de la provincia tomen nota y agilicen la suscripción de estos convenios. La seguridad de los estudiantes no puede seguir siendo rehén de la burocracia. Los ciudadanos deben estar atentos y exigir a sus gobiernos locales la adhesión a este marco normativo.
