Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El organismo de control provincial notificó fallos que van desde la declaración de responsabilidad patrimonial por sumas millonarias, hasta la anulación de cargos previos para agentes municipales, reafirmando su rol de fiscalización.
El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ha publicado una serie de notificaciones que reflejan su actividad de fiscalización sobre la gestión de fondos públicos y la conducta de los agentes estatales. Estas resoluciones abarcan desde responsabilidades patrimoniales significativas hasta revisiones que dejan sin efecto cargos anteriores.
Se notificó un fallo con fecha 6 de noviembre de 2025 que declara patrimonialmente responsable al señor Rubén Darío Videla, DNI N° 24.898.998, por una suma de $947.370,49. Esta medida se debe a transgresiones a los artículos 112 y 114 de la Ley N° 13.767. Videla dispone de un plazo de noventa días para depositar dicho importe en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo apercibimiento de darle intervención al Fiscal de Estado. Cabe destacar que esta misma resolución fue notificada también al Señor Mariano Nahuel Garcia.
En otro orden, el Tribunal dictó fallos de revisión relacionados con agentes de la Municipalidad de La Plata. Respecto al ejercicio 2018, se mantuvo un cargo pecuniario de $16.375,35 al exdirector General de Asuntos Jurídicos, Rodrigo Héctor Vallejos. Sin embargo, se informó que el monto ya había sido depositado, por lo que no corresponde perseguir el cargo.
Por el contrario, para el ejercicio 2017, el Tribunal de Cuentas dejó sin efecto cargos que habían sido formulados contra varios agentes municipales: Claudio Gabriel Baigorria, Matías Ezequiel Theaux, José Vicente Tesone, Héctor Pablo Russo y Jorge Antonio Romero. Esta decisión se fundamenta en nuevos análisis expuestos en el fallo de revisión.
Estas resoluciones subrayan el rol del Tribunal en la supervisión de la administración pública, buscando asegurar la correcta aplicación de las normativas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y agentes.
